La Abogacía pide al Supremo proteger el voto de los nacionalizados por la ley de nietos

La Abogacía del Estado considera «materialmente imposible» localizar y escuchar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre a las más de 163.000 personas incorporadas al censo de electores en el exterior, cerrado el 1 de agosto, para determinar cuáles obtuvieron la nacionalidad mediante la denominada ley de nietos.

El pronunciamiento responde a un requerimiento del Tribunal Supremo dentro del procedimiento iniciado por Iustitia Europa, Vox y Hazte Oír. Estas entidades lograron suspender las inscripciones de esas personas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) si no acreditaban ser descendientes de represaliados por el franquismo.

Los servicios jurídicos del Estado sostienen que el Supremo debe decidir con urgencia sobre la suspensión de los efectos electorales de la norma. El censo correspondiente a las elecciones es el cerrado a 1 de agosto de 2026 y debe estar disponible el 12 de octubre para que ayuntamientos y consulados lo pongan a disposición de los electores durante ocho días.

Aunque acepta que los afectados sean emplazados, la Abogacía pide levantar la suspensión de las inscripciones y retrotraer las actuaciones para que puedan ser llamados más adelante. A su juicio, hacerlo ahora convertiría el derecho de defensa en una «mera formalidad sin contenido sustantivo material».

El trámite afecta a la Junta Electoral Central, la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal y las entidades demandantes. Estas últimas han pedido al Supremo que dicte instrucciones para garantizar que la suspensión tenga plena eficacia en las elecciones del 29 de noviembre.

La cuestión afecta al voto exterior de ciudadanos españoles, incluidos los residentes en Balears, aunque el procedimiento se está tramitando ante el Tribunal Supremo y no se detallan efectos específicos para Palma.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.