La Audiencia ordena devolver la explotación del hotel Torre Azul a Grupo 4 en liquidación

La Audiencia Provincial ha dictado una sentencia que da un vuelco a la enconada disputa judicial por el control del hotel Torre Azul, un establecimiento de cuatro estrellas cuya explotación vuelve ahora a la sociedad concursada Grupo 4 S.L., que se encuentra en fase de liquidación. La resolución implicaría, por tanto, la venta de este activo.

El origen del conflicto está en el contrato de explotación que Grupo 4 firmó en 2015 con la propiedad, la empresa familiar Azul Mediterráneo S.L. Según la Fiscalía, ese acuerdo era en realidad una estafa, y por ello el administrador de la empresa que obtenía la explotación está acusado en un proceso penal que aún no ha llegado a juicio. Las acusaciones sostienen que se aprovechó de la hija de los propietarios para imponer condiciones leoninas. La vista oral se celebrará el año que viene, y el acusado afronta peticiones de hasta 12 años de prisión.

En paralelo, un juzgado de lo Mercantil declaró nulo ese acuerdo, si bien la decisión está pendiente de los recursos, que quedaron paralizados mientras se resuelve la parte penal. A ello se suma el concurso de acreedores de Grupo 4, que ha generado nuevas denuncias penales y que llevó a la condena por prevaricación imprudente de una jueza que intervino en el procedimiento. Esa sentencia no es firme y está pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie.

El administrador concursal fue cesado en junio de 2023 por una magistrada y, poco después, otra juez lo repuso de forma provisional; esta última es la que más tarde fue condenada por no admitir los recursos contra aquella decisión. Durante ese periodo provisional, en agosto de 2023, el administrador firmó con la propiedad la devolución del inmueble y la resolución del contrato de explotación. Es precisamente ese acuerdo el que ahora corrige la Audiencia, al considerar que excedía las reglas del concurso porque afectaba a derechos y créditos sometidos a él. Como consecuencia, el contrato vuelve a ser efectivo y el hotel regresa a la sociedad concursada, mientras que en estos años había sido explotado por los propietarios. La sentencia será recurrida ante el Supremo.

Además, un juzgado de instrucción investiga si el acuerdo anulado constituyó delito, y lo hace tanto respecto a la familia propietaria como a la administración concursal. Queda también pendiente otro procedimiento penal contra el empresario que explotaba el hotel, por presunta apropiación indebida al desviar a una sociedad personal pagos destinados al establecimiento.

Información elaborada a partir de Ultima Hora.