La CNMC pide flexibilizar las exigencias ambientales para los centros de datos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido al Gobierno que suavice parte de las exigencias ambientales previstas para los nuevos centros de datos, una regulación que afectará al despliegue de estas instalaciones en España y que también resulta relevante para el debate económico y energético en Palma y el conjunto de Baleares.

El borrador del real decreto establece que los centros que entren en funcionamiento tras la aprobación de la norma deberán consumir un 80% de electricidad renovable. Además, esa energía tendría que proceder de nuevas plantas instaladas en los 18 meses anteriores y producirse en la misma hora en que se consume. La patronal Spain DC considera que estas condiciones son “imposibles de cumplir”.

La CNMC comparte la necesidad de ordenar el crecimiento de los centros de datos, pero reclama adaptar las obligaciones al funcionamiento del mercado eléctrico español. El organismo recuerda que existe un elevado volumen de renovables que se desaprovecha durante las horas centrales del día y que en la primera mitad de este año se registraron más de 600 horas con precios negativos.

El supervisor considera que no sería eficiente exigir nueva generación o una correlación horaria estricta cuando ya existen excedentes renovables, vertidos o precios muy bajos. Por ello, propone aplicar los requisitos de forma diferenciada según la situación del mercado, reducir inicialmente el porcentaje del 80% o establecer una senda progresiva hasta 2030.

La CNMC también ve insuficiente el plazo de 18 meses para poner en marcha las plantas renovables asociadas y plantea ampliarlo. Asimismo, considera escasos los seis meses previstos para que los proyectos con permisos de acceso a la red ya concedidos acrediten el cumplimiento de la norma.

En materia de eficiencia, el organismo cree “excesivamente rígido” exigir simultáneamente límites estrictos de consumo eléctrico y de agua. Ante la disponibilidad de renovables y la escasez de agua en España, aconseja priorizar la reducción del consumo hídrico y flexibilizar el indicador eléctrico. También cuestiona que las sanciones, con recargos de entre el 10% y el 500%, se apliquen sobre los peajes de transporte y distribución.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.