La Diputación Permanente no puede obligar a Puente a comparecer tras el accidente ferroviario
La Diputación Permanente no puede obligar a Óscar Puente a comparecer tras el accidente ferroviario; solo cabría si lo pide el Gobierno.
La Diputación Permanente del Congreso no tiene capacidad para obligar al ministro de Transportes, Óscar Puente, a comparecer para dar explicaciones sobre el grave accidente ferroviario de este miércoles, que ha dejado 69 fallecidos y medio centenar de heridos. Así lo sostienen los antecedentes parlamentarios, pese a que PP, Frente Amplio, ERC y Podemos han registrado escritos para exigir su presencia.
El órgano sigue en funcionamiento porque las Cortes Generales están disueltas tras la convocatoria electoral, pero sus funciones son muy limitadas: convalidar o derogar reales decretos-leyes y pronunciarse sobre los estados de alarma, excepción y sitio. El control al Ejecutivo, como las comparecencias, no figura entre ellas.
Según el análisis de letrados de las Cortes Generales sobre el artículo 78 de la Constitución, la Mesa de la Diputación Permanente ha rechazado en diez ocasiones desde la recuperación de la democracia las peticiones de comparecencia de miembros del Gobierno cuando las Cámaras estaban disueltas, sin llegar a debatirlas. Los letrados señalan que "no parece que la Diputación Permanente pueda desarrollar los instrumentos ordinarios de control al Gobierno (preguntas, interpelaciones, comparecencias) como si se tratase del periodo ordinario de sesiones".
La única vía prevista es que el propio Gobierno solicite la comparecencia. Existe un precedente de 1982, cuando el entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, compareció ante la Diputación Permanente para informar sobre una conspiración golpista prevista para el 27 de octubre, víspera de las elecciones generales. Según los mismos letrados, al no existir tras la disolución otros órganos como el Pleno o las comisiones, se admitió esa comparecencia porque la iniciativa partió del Gobierno.
Para los lectores de Palma, se trata de un asunto de ámbito estatal que afecta a la fiscalización parlamentaria de un accidente ocurrido fuera de las Illes Balears, y que ilustra los límites que tiene el Congreso en periodo electoral.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.