Las propuestas de PP, PSOE, Vox y Podemos para atajar la crisis de vivienda antes del 29-N

La crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes asuntos de la campaña electoral. Según las estimaciones del Banco de España, el déficit acumulado podría superar el millón de viviendas en 2028, y los partidos que concurren a las elecciones del próximo 29 de noviembre ofrecen soluciones muy distintas: desde la construcción y las rebajas fiscales hasta la regulación del alquiler, las expropiaciones y la ampliación del parque público.

El Partido Popular propone construir un millón de viviendas en cuatro años, movilizando suelo público y privado, agilizando los trámites urbanísticos y aplicando el silencio administrativo positivo cuando las licencias no se resuelvan en 90 días. Para facilitar el acceso de los jóvenes, plantea avales públicos que permitan financiar hasta el 100% de la compra, reducir el IVA y fijar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) en el 4% para la primera vivienda, además de ventajas fiscales para fomentar el ahorro.

El PSOE apuesta por ampliar el parque público a través de la entidad estatal de vivienda Casa 47 y del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, con protección permanente para las viviendas financiadas con recursos públicos. Además, defiende mantener la ley de vivienda y las medidas de protección del alquiler, incluidas las prórrogas extraordinarias de los contratos y la suspensión de desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030. Para la compra de la primera vivienda propone el programa Tu Casa, con préstamos públicos sin intereses de hasta 50.000 euros. La formación ha indicado que su programa definitivo aún está pendiente de conocerse.

Vox plantea eliminar los impuestos en la compra de la primera vivienda habitual, con un IVA del 0% para la obra nueva y una bonificación del 100% del ITP en las viviendas de segunda mano. También propone aplicar el principio de prioridad nacional en el acceso a viviendas protegidas, sociales y ayudas al alquiler, vinculando la política residencial al control de la inmigración, y endurecer las medidas contra la okupación y la inquiokupación, con desalojos de las viviendas ocupadas ilegalmente en menos de 24 horas.

La formación liderada por Ada Colau propone un impuesto del 10% sobre el valor de las viviendas acumuladas, aplicable a las empresas desde su primer inmueble y a las personas físicas a partir del cuarto, cuando el valor conjunto de sus propiedades supere los 800.000 euros, con excepciones para el alquiler asequible. Plantea también una ley para expropiar progresivamente viviendas a grandes propietarios corporativos, empezando por los que tengan más de 1.000 inmuebles, hasta crear un parque público de 1,5 millones de pisos, y limitar los alquileres en zonas tensionadas al 25% de la renta neta media del barrio o al índice oficial de referencia, si este es inferior.

Aunque la noticia tiene alcance provincial, se publica en Palma como capital de las Illes Balears, donde el acceso a la vivienda es uno de los temas de mayor preocupación para los vecinos.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.