La justicia europea respalda de nuevo el tope al gas de la excepción ibérica
La justicia europea confirma la legalidad de la excepción ibérica y rechaza el recurso de cinco empresas españolas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a avalar este jueves la legalidad de la llamada excepción ibérica, que permitió limitar el precio del gas para reducir el coste de la electricidad durante la crisis energética de 2022. La corte ha rechazado el recurso de casación presentado por cinco empresas españolas contra la medida.
España y Portugal obtuvieron en marzo de 2022 la autorización de la Comisión Europea para aplicar este mecanismo, que entró en vigor en junio de ese año. El sistema fijó inicialmente en 40 euros por megavatio-hora el precio del gas utilizado para generar electricidad durante seis meses, con incrementos mensuales de cinco euros hasta alcanzar los 70 euros.
La intervención redujo de forma significativa los precios de la luz en la Península, que habían llegado a situarse en torno a los 200 euros por megavatio-hora. La diferencia entre el coste real del gas y el precio limitado se abonaba mediante un cargo de ajuste aplicado a los consumidores.
El Gobierno eximió de ese cargo a quienes habían firmado contratos eléctricos a precio fijo antes de abril de 2022. PGI Spain, Berry Superfos Pamplona, Promens Packaging, RPC Envases y Zeller Plastik España reclamaron también la exención porque habían contratado coberturas financieras de precios, aunque no disponían de un contrato minorista convencional a precio fijo.
Las compañías consideraban que esos acuerdos tenían el mismo objetivo que un contrato fijo y que la diferencia de trato era discriminatoria. Sin embargo, el Tribunal General de la UE rechazó su recurso en marzo de 2025 y ahora el Tribunal de Justicia ha confirmado ese criterio.
La justicia europea sostiene que los argumentos de las empresas se basan en premisas «infundadas». También señala que la Comisión no tenía que investigar la situación particular de esos compradores y recuerda que las pruebas posteriores a la aprobación de una decisión no pueden afectar a su validez. La resolución afecta a un mecanismo que también repercutió en los consumidores de Baleares, aunque el caso procede de empresas españolas y se publica en Palma por su interés para los usuarios de electricidad de las islas.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.