La ley de nietos: quién puede obtener la nacionalidad y votar
La ley de nietos permitió solicitar la nacionalidad a descendientes de exiliados, pero el Supremo ha suspendido sus efectos electorales en algunos casos.
La llamada ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, permitió solicitar la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo. El Gobierno registró cerca de 2,6 millones de solicitudes entre octubre de 2022 y octubre de 2025, aunque más de 100.000 ya han sido rechazadas.
La norma no se denomina oficialmente ley de nietos y contempla tres vías. La principal se dirige a personas nacidas fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela hubiera sido originalmente español y hubiera perdido o renunciado a la nacionalidad como consecuencia del exilio por motivos políticos, ideológicos, religiosos o relacionados con la orientación o identidad sexual.
También pueden acogerse los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución, así como los hijos mayores de edad de españoles que obtuvieron la nacionalidad mediante la ley aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El proceso no permite recurrir a un bisabuelo o a un tatarabuelo.
La controversia se centró en una instrucción posterior del Ministerio de Justicia, que presumía la condición de exiliado de quienes hubieran abandonado España entre 1936 y 1955 sin exigir documentación acreditativa. El plazo inicial de dos años se amplió uno más y terminó en octubre de 2025.
Quienes obtienen la nacionalidad se convierten en españoles de origen con efectos desde la adquisición y tienen los mismos derechos que el resto de ciudadanos, incluido el voto en las elecciones generales. Los residentes en el extranjero se incorporan al Censo de Españoles Residentes Ausentes, conocido como voto CERA.
El Tribunal Supremo suspendió en septiembre los efectos electorales para quienes no pudieran justificar el exilio de sus antepasados y hubieran accedido por la vía abierta en la instrucción ministerial. Posteriormente mantuvo la suspensión. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del Defensor del Pueblo por considerarlo prematuro, al no haberse agotado antes la vía judicial ante el Supremo. La cuestión también afecta al debate político en Baleares y, por extensión, a los ciudadanos de Palma, aunque el texto no aporta datos específicos de la isla.
Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.