Las empresas no utilizan 627 millones previstos para formar a sus trabajadores
Las empresas dejaron sin ejecutar 627 millones de euros para formación bonificada en 2025, el 48% del crédito disponible en España.
Las empresas dejaron sin ejecutar 627 millones de euros destinados a formación bonificada para trabajadores en activo durante 2025, según los últimos datos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). La cantidad equivale al 48% del crédito disponible en el conjunto de España.
Estos recursos proceden de la cotización por formación profesional que abonan trabajadores y empresas a la Seguridad Social. La aportación es del 0,1% del sueldo bruto a cargo del empleado y del 0,6% a cargo de la empresa, lo que permite reunir cada año algo más de 3.000 millones de euros en un fondo público.
El dinero no se pierde, sino que se traslada a ejercicios posteriores. El Ministerio de Trabajo atribuye parte del remanente a expedientes de convocatorias de entre 2014 y 2018 que finalmente no se ejecutaron, a situaciones administrativas de las empresas solicitantes y a liquidaciones inferiores a las ayudas concedidas. También señala que hasta el 40% de los pagos puede imputarse a ejercicios posteriores por motivos contables.
El sistema implica al Ministerio de Educación, al de Trabajo, a las comunidades autónomas y a las propias empresas. Sindicatos y patronales critican que no se conozca públicamente el volumen total de fondos acumulados. La Fundación Cife calcula que los remanentes de los últimos 20 años podrían alcanzar los 19.168 millones de euros, aunque esta estimación es cuestionada por algunos sectores.
La formación bonificada gestionada por Fundae también muestra una menor participación. En 2025 solo el 20% de las empresas recurrió a algún curso financiado con estos fondos y el 33% de los asalariados del sector privado recibió formación. Además, la media pasó de 24 horas por trabajador en 2014 a 13 horas en 2025.
CCOO reclama más formación y advierte de que las empresas la consideran un gasto, mientras que la CEOE cuestiona el catálogo disponible y pide más autonomía para el sector privado. El debate afecta al conjunto de las empresas y trabajadores de España, incluidas las de Palma y Baleares, que participan en el mismo sistema estatal de cotizaciones y ayudas.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.