Las reformas de ascensores se atascan entre licencias, ayudas y falta de técnicos

Las comunidades de propietarios afrontan retrasos de hasta dos años para reformar o instalar ascensores debido a la tramitación de ayudas y licencias, la falta de empresas disponibles y la escasez de personal especializado. El problema afecta especialmente a las obras exigidas por los cambios normativos, que obligan a mejorar aspectos como la nivelación de las cabinas y la protección de las puertas.

En un bloque del centro de Madrid, una comunidad aprobó en noviembre de 2024 una reforma que acaba de comenzar. La actuación supondrá más de 24.000 euros por vecino y se ejecuta para adaptar un ascensor que carecía de pesacargas antes de una próxima inspección. En otro edificio cercano, la construcción del hueco y la instalación del elevador puede prolongarse durante unos 10 meses.

Los retrasos también se producen en la instalación de ascensores en edificios antiguos. María, vecina de San Pol de Mar, explica que entre obtener la respuesta sobre la ayuda de la Comunidad de Madrid, conseguir la licencia municipal y encontrar una empresa pasaron al menos dos años. Además, la primera compañía abandonó los trabajos a mitad de la obra y la comunidad tuvo que buscar otra.

Las obras generan dificultades añadidas para las personas mayores, las familias con niños y quienes deben transportar compras o materiales por las escaleras. Una portera de Madrid relata que su edificio estuvo un mes sin ascensor y que la empresa encargada de sustituirlo tardó más de un mes en acudir después de que otra compañía la absorbiera.

El sector calcula que deben modificarse entre 300.000 y 350.000 ascensores y que existe un déficit anual de 800 técnicos. Miguel Ángel, antiguo trabajador de una gran empresa del sector, asegura que el trabajo se ha duplicado y que se necesitan conocimientos de electrónica, hidráulica y mecánica.

Administradores de fincas de Granada y Galicia advierten de retrasos constantes, subcontratación y obras que se prolongan más de lo previsto. En Galicia, algunas comunidades han llegado a perder ayudas públicas, que pueden alcanzar el 65% en actuaciones de accesibilidad, al no finalizar los trabajos dentro del plazo. El problema, aunque los testimonios proceden de otras comunidades, resulta relevante para Palma por la dependencia de muchas comunidades de propietarios de licencias, subvenciones y empresas especializadas para mantener o adaptar sus ascensores.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.