Lleida aprueba vetar el burka y el niqab en los espacios públicos
Lleida aprueba prohibir el burka y el niqab en espacios públicos con multas de hasta 750 euros, pese al precedente judicial de 2010.
El pleno del Ayuntamiento de Lleida ha aprobado modificar la Ordenanza Municipal de Civismo y Convivencia para prohibir cualquier prenda o indumentaria que oculte totalmente el rostro en los espacios públicos. La medida, que afecta al burka y al niqab, ha salido adelante con los votos del PSC, Junts y Vox.
La nueva normativa considera esta conducta una infracción leve y contempla multas de entre 400 y 750 euros. El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha defendido que convivir implica respetar las normas y ha señalado un incremento de incumplimientos desde 2020.
La concejala de Seguridad, Movilidad y Civismo, Cristina Morón, ha afirmado que la ordenanza combina prevención, mediación, reparación y sanción cuando sea necesario. Los socialistas sostienen que el texto protege las libertades y no se limita a restringir conductas.
El precedente de 2010 mantiene el foco en los tribunales. Entonces, Lleida intentó prohibir el burka y el niqab en espacios municipales, pero una sentencia del Tribunal Supremo anuló la medida tras un recurso de la asociación islámica Watani, al considerar que los ayuntamientos no tienen competencias para limitar un derecho fundamental.
El consistorio sostiene ahora que la prohibición se fundamenta en la defensa de la igualdad y no en argumentos de seguridad, aunque permanece pendiente de una posible impugnación judicial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó en abril que el planteamiento no era racista ni contrario a determinados símbolos y que tenía en cuenta los derechos fundamentales en el ámbito religioso.
Vox y Junts han celebrado la aprobación, mientras que el PP ha votado en contra al considerar que la norma permite y regula estos elementos. ERC y Comú de Lleida han criticado tanto el contenido como la forma del texto. La ordenanza también prevé multas de entre 400 y 3.000 euros para otras actitudes incívicas y sanciona la reincidencia. La decisión, adoptada en otra capital catalana, llega a Palma como un debate de ámbito autonómico sobre convivencia, libertades y competencias municipales.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.