Los organismos internacionales cuestionan las ayudas generales al combustible

El FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) coinciden en que las ayudas para compensar el encarecimiento de los carburantes deben ser temporales y dirigirse a los hogares vulnerables y los sectores más afectados. La posición cuestiona el diseño del escudo energético que el Gobierno de Pedro Sánchez mantendrá hasta finales de año.

El Banco de España calcula que las medidas aprobadas hasta septiembre tendrán un coste equivalente al 0,52% del PIB, alrededor de una quinta parte del déficit público previsto para 2026. El 65% de la factura corresponde a rebajas de impuestos sobre la energía, mientras que el resto son subvenciones y ayudas directas para los sectores expuestos.

El Ejecutivo ha prorrogado hasta el 31 de diciembre las rebajas fiscales sobre la gasolina y el diésel. En noviembre, la ayuda será de 20 céntimos por litro, después de que la subida interanual del carburante registrada en septiembre activara la cláusula prevista en la norma.

El Banco de España reconoce que las rebajas han contenido la inflación energética, que fue del 17,1% en agosto frente al 21,6% que habría alcanzado con los impuestos constantes. Sin embargo, advierte del coste de aplicarlas de forma general y de que parte de su efecto desaparecerá cuando se retiren.

El FMI recomienda reservar nuevas intervenciones para un empeoramiento de la crisis y concentrarlas en colectivos como transportistas, agricultores, pescadores o beneficiarios del bono social. Bruselas reclama medidas selectivas y transitorias, mientras que el BCE alerta de que el margen presupuestario es ahora más estrecho que durante la crisis energética de 2022.

El decreto aprobado por la Diputación Permanente del Congreso también prolonga las ayudas al gasóleo agrario y al transporte profesional, limita las subidas de la tarifa regulada del gas y fija un máximo de 19,55 euros para la bombona de butano hasta junio de 2027. La medida afecta al conjunto de las familias y empresas de Baleares, también en Palma, aunque el texto no detalla un impacto específico en la ciudad.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.