Los partidos afrontan el 29-N como un plebiscito entre dos bloques

Los partidos políticos consideran que las elecciones generales del 29 de noviembre serán, sobre todo, un plebiscito. La polarización entre quienes rechazan las políticas de Pedro Sánchez y quienes las apoyan o las ven como el mal menor se trasladará a las urnes. Más que un debate entre proyectos, la campaña se plantea como una pugna entre dos bloques que aspiran a reunir fuerza suficiente para gobernar.

En esta lógica, las diferencias ideológicas quedan en segundo plano. El PP y Vox han pactado en el Senado: Vox no presentará candidatura en Baleares y el PP incluirá a un candidato de la formación de Abascal en un puesto destacado. En la izquierda, el PSIB, Ara Més y Front Ampli han buscado fórmulas para evitar la dispersión del voto. En el Congreso, Ara Més-Front Ampli incorpora a Podemos y, en el Senado, las fuerzas progresistas han acordado listas unitarias para disputar la mayoría a la derecha.

El texto subraya que el Senado no es una cuestión menor, ya que es la cámara de representación territorial: participa en la revisión de las leyes, enmienda los textos que le remite el Congreso y controla la acción del Gobierno. También interviene en la aplicación del artículo 155 y en la designación de miembros de órganos constitucionales. Por ello, los partidos no quieren dejar su control en manos de una mayoría conservadora, y mucho menos ultraconservadora.

La suma de la izquierda responde, sobre todo, a la voluntad de impedir que PP y Vox amplíen su poder institucional, más que a un respaldo sin matices a Sánchez. Pero la operación tiene un precio: Ara Més, una fuerza soberanista, comparte estrategia con partidos de ámbito estatal y centralistas, porque considera que la fragmentación sería más perjudicial que renunciar a parte de su singularidad.

En la derecha, la contradicción resulta especialmente incómoda para el PP. Marga Prohens ha intentado durante la legislatura mantener a Vox a cierta distancia y presentar su Gobierno como moderado. Ahora, sin embargo, el PP se alía con una formación que cuestiona los derechos de las personas LGTBI y niega la violencia machista y el cambio climático, además de defender una concepción uniformizadora del Estado y de la lengua, contraria a la tradición regionalista del PP balear. El artículo recuerda que este partido aprobó leyes como la de espacios naturales (1991) y la de normalización lingüística (1986), que Vox derogaría si pudiera.

Se trata, en todo caso, de pactos forzados por las circunstancias y la aritmética electoral. El texto concluye que, cuando la táctica relega principios fundacionales, los partidos deben explicar qué ganan y qué están dispuestos a perder, porque el 29-N no solo se votará quién debe gobernar, sino también qué precio político se está dispuesto a pagar para llegar al poder.

Información elaborada a partir de Ara Balears.