Més per Palma critica la nueva ordenanza cívica del puerto por "perseguir la pobreza"
Més per Palma acusa a la Autoridad Portuaria de Baleares de perseguir la pobreza con multas de hasta 3.000 euros en el puerto de Palma.
La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha criticado la nueva ordenanza cívica aprobada por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), a la que acusa de ser una herramienta para perseguir a los colectivos más vulnerables. La normativa contempla multas de hasta 3.000 euros por grafitis y restricciones al uso de caravanas en el puerto de Palma.
Según Truyol, la ordenanza reproduce el enfoque de la norma municipal aprobada por Cort en 2025. "Volvemos a encontrarnos ante una ordenanza que se llena la boca de civismo, pero que en realidad es una ordenanza de orden público y de persecución de la pobreza", ha afirmado. La regidora considera que la APB pone el foco en las personas sin hogar y en quienes, por las dificultades para acceder a una vivienda, viven en caravanas o tiendas de campaña.
La portavoz ecosoberanista ha mostrado especial preocupación por las sanciones económicas previstas para estos colectivos. "Se les amenaza con sanciones económicas que difícilmente podrán pagar", advierte. Truyol ha calificado de "absolutamente desproporcionadas" algunas de las multas y cuestiona las restricciones al uso de los espacios públicos.
Truyol también denuncia la falta de precisión de algunos artículos, especialmente los que emplean el concepto "molestar" para determinar qué conductas pueden ser sancionadas. "¿Quién decide si una persona molesta o no? ¿Con qué criterios? ¿Será la dirección de la APB quien lo decidirá?", ha cuestionado, advirtiendo del riesgo de interpretaciones arbitrarias. A su juicio, las normas "deben ser claras, objetivas y previsibles".
La portavoz relaciona la aprobación de la ordenanza con la crisis de acceso a la vivienda en Palma y en el conjunto de Mallorca. "En plena emergencia habitacional, no se puede castigar la pobreza ni convertir en un problema de orden público las consecuencias de un sistema que expulsa cada vez a más personas del derecho a una vivienda digna", denuncia.
Por último, Truyol acusa a la Autoridad Portuaria de favorecer los intereses económicos vinculados al turismo de lujo frente a las necesidades de los residentes. "Una vez más, la Autoridad Portuaria actúa en beneficio de los intereses millonarios del negocio náutico, del lujo y de los cruceros", sostiene.
Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.