Sánchez apura la negociación del decreto de vivienda ante el choque entre sus socios

Pedro Sánchez trabaja "a contrarreloj" para cerrar el decreto de vivienda, que previsiblemente será aprobado por el Consejo de Ministros el próximo martes. El presidente del Gobierno ha pedido a sus socios "un último esfuerzo" para alcanzar un acuerdo, pero Sumar y Junts mantienen posiciones enfrentadas.

Sumar advierte de que no respaldará "cualquier decreto" y exige medidas como una moratoria de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga automática de los contratos de arrendamiento, la congelación de los alquileres y una regulación de los arrendamientos turísticos y de temporada.

Yolanda Díaz ha reclamado una norma que permita actuar contra los fondos buitre y ha defendido que sea "la derecha la que se retrate votando" el decreto. El secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha avisado de que los ministros de Sumar mantendrán una posición de bloqueo si no se cumplen sus condiciones.

Junts, en cambio, asegura que apoyará medidas para "parar los pies" a los fondos buitre y bonificar fiscalmente a los arrendadores, pero rechaza iniciativas que afecten al pequeño propietario. Su secretario general, Jordi Turull, ha advertido de que no votarán a favor si el Gobierno mezcla medidas que se alejen de sus planteamientos.

El líder del PNV, Aitor Esteban, ha pedido evitar una negociación de máximos y buscar un "mínimo común denominador". Podemos y el Sindicato de Inquilinas de Madrid también presionan al Ejecutivo desde la acampada instalada en la Puerta del Sol tras el desahucio de Maricarmen, y reclaman, entre otras medidas, contratos de alquiler indefinidos.

La negociación afecta al conjunto de España y, por tanto, también al debate sobre vivienda que siguen los vecinos de Palma, aunque el texto no recoge medidas específicas para la capital balear.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.