Una madre alerta del impacto de limitar los ingresos psiquiátricos involuntarios

El artículo 13 bis de la Ley 4/2026 entra en vigor este viernes y restringe los ingresos psiquiátricos involuntarios a los casos de «urgencia vital». La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) advierte de que, sin criterios claros ni recursos alternativos, la norma puede dejar solos a pacientes y familias.

Ana, de 62 años y cuidadora única de su hijo, un hombre de 31 años con esquizofrenia paranoide no controlada, explica que ha tenido que afrontar 13 brotes psicóticos en los últimos 11 años, la mayoría con ingresos involuntarios. «Cada vez que ingreso a mi hijo es un trauma, pero no tengo otra salida», afirma en una carta abierta recogida por el medio.

La madre relata que, durante los brotes, su hijo no reconoce que está enfermo, descuida la alimentación, la higiene y el sueño, consume cannabis y cree que le persiguen. Según explica, puede mostrarse verbalmente violento y destructivo y supone un riesgo para sí mismo, aunque no exista un peligro inminente para su vida.

Ana sostiene que los ingresos han permitido que su hijo reciba medicación y mejore antes de regresar a casa. Al mismo tiempo, critica las condiciones de algunas unidades, que describe como espacios con poca luz, actividad y estímulos. A su juicio, la dignidad del paciente pasa por recibir atención en un entorno seguro y adecuado, no por dejar de atenderlo cuando más lo necesita.

La madre reclama más recursos asistenciales, equipos de tratamiento asertivo comunitario, hospitalización a domicilio, centros de crisis y protocolos coordinados para los ingresos involuntarios. También plantea la creación de comités de ética que ayuden a las familias a valorar estas decisiones. La cuestión afecta al conjunto de las islas y, por tanto, también a las familias de Palma que conviven con problemas graves de salud mental.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.