Una valenciana de 80 años afronta la retirada de su pensión y una deuda de 26.942 euros

Josefa Soria, de 80 años, con un grado 2 de dependencia y un 65% de discapacidad reconocida, lleva tres meses sin cobrar la pensión no contributiva que percibía desde hace dos décadas. Además, la Tesorería General de la Seguridad Social le reclama 26.942 euros por los pagos recibidos durante los últimos cuatro años.

La dirección territorial de València de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia comunicó la extinción de la prestación al considerar que sus recursos económicos superaban el límite establecido en la Ley General de la Seguridad Social. Josefa cuestiona también que la carta identifique la ayuda como una pensión no contributiva de jubilación, cuando asegura que siempre ha cobrado una pensión de invalidez.

La prestación pasó de 484,61 euros en 2022 a 628,80 euros en mayo de 2026, el último mes en que la recibió. La Administración detectó un incremento de más de 22.000 euros y rendimientos inmobiliarios después de que Josefa vendiera una vivienda. La mujer explica que tomó esa decisión porque no podía vivir con una pensión de unos 500 euros.

La revisión se inició cuando su hija, Esther, solicitó cambiar la cuenta bancaria de su madre. La Conselleria pidió documentación, entre ella un convenio de divorcio de hace 34 años. Según Esther, tras entregar los papeles le comunicaron que el pago se reanudaría con carácter retroactivo, pero finalmente recibieron la resolución que retiraba la pensión.

La Conselleria sostiene que aplicó la normativa estatal y que Josefa recibió ingresos superiores a los límites fijados en el Real Decreto 357/1991. También afirma que le envió un requerimiento para confirmar esos datos y que, al no obtener respuesta, procede la devolución prevista en el Real Decreto Legislativo 8/2015. El departamento añade que la competencia corresponde al Imserso y a la Seguridad Social.

Josefa recibe además una ayuda de dependencia de algo más de 700 euros, destinada a pagar la residencia en la que vivía hasta hace aproximadamente un mes. La Conselleria asegura que puede volver a solicitar una pensión no contributiva, mientras su hija reclama una solución: “Mi madre no puede devolver 27.000 euros. Es imposible”. El caso se conoce en la Comunitat Valenciana y se publica en Palma por su interés social para los lectores de la capital balear.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.