Vivienda, corrupción y migración tensionan la precampaña política española
Vivienda, unas joyas investigadas y la crisis migratoria en Ceuta marcan la tensión política española antes de las próximas elecciones.
La política española afronta una nueva semana marcada por tres asuntos que han alimentado la confrontación entre partidos: el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años, unas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros cuyo origen se investiga y la exhibición de un bote de gas pimienta en el Congreso durante el debate sobre Ceuta.
El lanzamiento de Maricarmen, que llevaba 71 años viviendo en el mismo piso, ha devuelto la vivienda al centro del debate. Sumar reclama al PSOE aprobar un decreto que, según sostiene, habría evitado el desahucio, mientras el Gobierno responsabiliza al PP. El texto también cuestiona la fragmentación de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y señala la pérdida de credibilidad institucional tras décadas de anuncios y planes.
La agenda judicial ha añadido presión al Ejecutivo socialista. Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha sido enviada a juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Además, han sido citadas las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, en el que se investigan unas joyas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente y valoradas en más de 1,3 millones de euros.
Zapatero sostiene que tres juegos fueron un regalo personal del rey Abdalá de Arabia Saudí en 2007 y ha pedido al juez que reclame información a Riad para respaldar esa versión. Por ahora, el texto señala que no consta una confirmación oficiosa de las autoridades saudíes.
El tercer foco de tensión se situó en Ceuta, donde la diputada del PP Ana Vázquez mostró un bote de gas pimienta en el pleno y fue expulsada. Posteriormente, un asesor manipuló el espray en unos baños, lo que obligó a precintar varias dependencias y dejó a 12 personas atendidas. El episodio desplazó el debate sobre la situación en la frontera, donde siguen miles de personas, entre ellas varios centenares de menores.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó esta semana que el mecanismo de control marroquí falló el 30 de julio y aseguró haber pedido explicaciones a Rabat. La gestión migratoria mantiene así a España ante un equilibrio complejo: exigir responsabilidades a Marruecos y, al mismo tiempo, preservar la cooperación necesaria para controlar las llegadas y gestionar los retornos. El análisis tiene interés para Palma como parte de la actualidad política estatal que también condiciona las decisiones sobre vivienda, migración y financiación pública en Baleares.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.