Asián condiciona la rebaja del IGIC a proteger a los vulnerables y a la falta de presupuestos estatales

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, sostiene que solo se podrá bajar el IGIC cuando los colectivos más vulnerables estén protegidos. Según explica, unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados impiden garantizar del todo esa protección, por lo que no se aborda la reducción de este impuesto, una promesa electoral de Coalición Canaria y el PP, partidos que forman el Gobierno autonómico.

Asián advierte de que las necesidades de 2023, último año con presupuestos estatales aprobados, no son las actuales. Además, señala que las entregas a cuenta, el dinero que el Estado transfiere a las comunidades y que se acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, necesitan una norma legal que todavía no se ha aprobado. De no hacerlo, Canarias perdería 170 millones de euros cada mes. La consejera recuerda que en 2024 y 2025 estas transferencias llegaron a partir de agosto o septiembre.

Entre las principales dificultades para cuadrar las cuentas, Asián cita el aumento del gasto de personal por la subida salarial del 4,5 % pactada por el Gobierno de España con los sindicatos, más un 0,5 % condicionado al IPC. Según sus cálculos, supone unos 500 millones de euros sin transferencia estatal que lo financie, y el personal ya representa el 42 % del gasto no financiero. También menciona la desaparición de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que cifra en 1.166 millones el aumento del presupuesto sin contar con ellos.

Sobre los proyectos financiados con fondos europeos, la consejera explica que la comunidad devolvió dinero de algunas áreas antes de conocer que determinados programas podían prorrogarse. Denuncia la falta de información de la Administración central sobre las convocatorias pendientes, especialmente en transición ecológica, donde se habla de unos 180 millones en proyectos de descarbonización.

En cuanto a la política fiscal, Asián defiende la deflactación del IRPF, la tributación a tipo cero de determinadas prestaciones y el mantenimiento de la bonificación del combustible en las islas con precios más altos. Por último, critica que España siga aplicando las reglas fiscales europeas de 2012 y no las de 2024, algo que, a su juicio, complica la planificación de las cuentas autonómicas.

Información elaborada a partir de La Provincia.