Comisión interministerial para frenar el repunte migratorio en Canarias y la presión sobre El Hierro
Comisión interministerial presidida por Ángel Víctor Torres ante el repunte migratorio en Canarias y la saturación de El Hierro.
El Gobierno ha puesto en marcha una comisión interministerial para analizar y responder al repunte migratorio que sigue creciendo en Canarias, presidida por Ángel Víctor Torres. El columnista de La Provincia valora positivamente la iniciativa, aunque advierte de que la urgencia exige medidas concretas y no sólo una amplia reflexión institucional, sobre todo en El Hierro, donde los servicios sanitarios y sociales están al borde del colapso.
El artículo propone dos fases de actuación. La primera, de emergencia inmediata, incluiría un hospital de campaña con carácter ambulatorio, alojamientos provisionales para quienes llegan, traslados rápidos a otras islas, especialmente Tenerife, recursos económicos para la manutención de los migrantes y refuerzo sanitario con las Fuerzas Armadas si fuera necesario. Según el texto, el plazo es corto, ya que en unos veinte días el Ejecutivo de Pedro Sánchez estará en funciones.
La segunda fase se centra en la necesidad de una política migratoria estructural. El autor lamenta que no existan protocolos acordados que se activen automáticamente a partir de un determinado número de llegadas y sostiene que España sigue actuando de forma reactiva, improvisada y tardía. Defiende que Canarias debe incluirse en la negociación con Bruselas sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, con el objetivo de obtener fondos europeos que compensen los costes de ser frontera sur de la Unión.
Entre las demandas concretas figura la finalización de las obras del nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en el puerto de Granadilla, que según el texto podría ofrecer hasta un millar de plazas, en complemento de las casi 2.600 existentes. También se menciona la situación de los menores no acompañados, cuyo número asciende a 2.622, una cifra que, según el artículo, triplica con creces el reparto previsto por la Secretaría de Estado de Migraciones, reparto que no se ha cumplido por el rechazo de Vox.
Para Las Palmas de Gran Canaria, la noticia se enmarca en el debate provincial sobre la gestión de la inmigración irregular en Canarias. Se trata de un asunto de alcance autonómico que afecta a la capital en la medida en que condiciona los recursos de acogida y la política migratoria del archipiélago.
Información elaborada a partir de La Provincia.