Canarias multará con hasta 600.000 euros los rescates provocados por imprudencias

Canarias ya puede sancionar con multas de entre 100 y 600.000 euros a quienes provoquen un rescate por una imprudencia o una negligencia. La medida entró en vigor este jueves 12 de noviembre y modifica la Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias. Según el texto, el Gobierno autonómico busca que estas conductas no queden sin consecuencias económicas y que los canarios dejen de pagar con su dinero los riesgos que asumen otras personas.

La reforma introduce por primera vez infracciones específicas para los rescates derivados de imprudencias. Las leves, castigadas con multas de 100 a 3.000 euros, incluyen las imprudencias simples que no supongan un peligro particular para los equipos movilizados. Las graves, de 3.001 a 100.000 euros, se aplican cuando la conducta obliga a intervenir y pone en peligro al personal o a los medios. Las muy graves, de 100.001 a 600.000 euros, corresponden a negligencias graves que generen un peligro grave o daños a los rescatadores o a sus equipos.

Canarias era, según el Gobierno, la única comunidad autónoma con competencias en protección civil que carecía de una regulación sancionadora propia en esta materia. Hasta ahora, el vacío legal impedía castigar determinadas conductas, incluso cuando se desobedecían órdenes durante una emergencia o se movilizaban innecesariamente los equipos de rescate.

El texto señala que el cambio tiene especial trascendencia en Tenerife, donde los servicios de emergencia intervienen en accidentes en el litoral, barrancos, senderos y espacios naturales. Entre los supuestos que podrían dar lugar a sanciones se citan los bañistas que ignoran las prohibiciones de acceso al mar, las personas que entran en zonas cerradas por fenómenos costeros o los excursionistas que desatienden las restricciones de seguridad, siempre que se acredite una conducta negligente y sea necesaria una operación de salvamento.

La reforma también permitirá sancionar a quienes incumplan órdenes o instrucciones de las autoridades durante la activación de planes de protección civil, y considera infracción muy grave comunicar de forma deliberada hechos inexistentes al 112. El dinero recaudado se destinará a mejorar los servicios de protección civil y emergencias. Según el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, el régimen sancionador forma parte del fortalecimiento del Sistema Canario de Emergencias y busca mejorar la coordinación entre administraciones y dar seguridad jurídica a los servicios que intervienen.

Información elaborada a partir de La Provincia.