Familias de viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria piden poder comprar tras décadas de alquiler

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes una declaración institucional, con el apoyo de todos los grupos políticos excepto Vox, en la que reclama al Gobierno de Canarias que cumpla sus compromisos con las familias adjudicatarias de viviendas protegidas. Muchas de ellas llevan más de treinta años pagando el alquiler de inmuebles del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y de Visocan y todavía no pueden formalizar la compra ni convertirse en propietarias.

La iniciativa exige que se desbloqueen los procedimientos de compra, se amplíen las ofertas de venta y se respeten los derechos reconocidos a los afectados. Según el texto, algunas familias firmaron contratos y anexos que contemplaban la opción de compra e incluso han pagado cantidades equivalentes o superiores al precio previsto. La declaración toma como base la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias el pasado 23 de septiembre.

El Decreto 1/2023, de 19 de enero, reactivó el procedimiento de compra e incluyó expresamente los inmuebles de Visocan, pero condicionó la adquisición a que cada vivienda estuviera incluida en una resolución de oferta de venta publicada en el Boletín Oficial de Canarias. Además, la financiación de las bonificaciones de las viviendas de Visocan depende de la disponibilidad de crédito del Icavi. Desde la entrada en vigor del decreto se han publicado tres ofertas de venta, con 384 inmuebles de Visocan en seis grupos de Las Palmas de Gran Canaria en la convocatoria de mayo de 2023, y 227 viviendas de quince grupos de la capital en la convocatoria del Icavi de febrero de 2025, cuyo plazo terminó el 13 de marzo de 2026.

El Ayuntamiento advierte de que siguen pendientes de incorporación numerosas promociones, entre ellas 289 viviendas de Lomo Los Frailes y 236 de una promoción colindante, un total de 525 inmuebles de esta zona de la capital. El Pleno pide al Gobierno autonómico que publique la relación de viviendas que pueden acogerse al procedimiento, con su situación administrativa, en un plazo máximo de tres meses, y que convoque una nueva venta que incluya las promociones pendientes.

La declaración también insta a incluir en los presupuestos de Canarias para 2027 una partida para que el Icavi transfiera a Visocan los fondos necesarios para aplicar las bonificaciones, y a resolver el tratamiento fiscal de las operaciones para que los costes no recaigan sobre las familias. Asimismo, reclama que se computen las rentas ya pagadas y se aplique el precio de referencia de la fecha de adjudicación, algo que, según el acuerdo, Visocan aceptó en 2023. El artículo 4.4 del decreto impide recuperar el exceso pagado en alquiler, un perjuicio que el Pleno señala expresamente.

El acuerdo reconoce el trabajo de las plataformas Viviendas Sociales en Lucha y 289 Vivienda por Derecho, y se remitirá a la Presidencia del Gobierno de Canarias, a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, al Icavi, a Visocan, al Parlamento de Canarias, al Diputado del Común, a la Federación Canaria de Municipios y a las plataformas vecinales afectadas.

Información elaborada a partir de La Provincia.