El Gobierno aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con 7.000 millones y una cláusula antifraude
El Gobierno aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con 7.000 millones, cláusula antifraude y ayudas al alquiler y la emancipación juvenil.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el anterior. El plan impulsará la construcción de vivienda pública y asequible, la rehabilitación del parque residencial y nuevas ayudas para el alquiler y la emancipación de los jóvenes. Según la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, incluye además una cláusula antifraude destinada a evitar escándalos como el reciente caso de Alicante.
La cláusula obliga a adjudicar todas las viviendas financiadas con el plan según criterios "objetivos, medibles, transparentes y trazables", y el Ministerio ejercerá un doble control para verificar su cumplimiento. El Estado asumirá el 60% de la inversión y las comunidades autónomas el 40% restante. El presupuesto se repartirá en un 40% para vivienda protegida permanente, un 30% para rehabilitación y otro 30% para ayudas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo y la intervención en zonas tensionadas.
La vicepresidenta valenciana Susana Camarero, responsable de Vivienda en la Comunitat Valenciana, criticó que el plan llegue tarde, que se haya elaborado sin consenso con las comunidades autónomas y que tenga una fuerte carga ideológica por su vinculación a las zonas tensionadas. Según indicó, la Comunitat deberá aportar aproximadamente 240 millones de euros en cinco años y calcula que las subvenciones no podrán convocarse hasta el último trimestre del año, lo que afectaría a unas 15.000 familias. Camarero aseguró que la Generalitat seguirá colaborando en materia de vivienda, pero denunció la falta de diálogo del Ministerio.
El calendario prevé reuniones técnicas bilaterales y una comisión multilateral con las comunidades autónomas, y en mayo una primera conferencia sectorial para aprobar el reparto territorial de los fondos, con el objetivo de que el plan despliegue sus efectos a partir del segundo semestre. El Consejo Asesor de Vivienda analizará su cumplimiento cada año.
Se trata de una información de ámbito autonómico y estatal que se difunde en Pontevedra como capital de la provincia. No aporta datos específicos sobre la ciudad ni sobre la provincia, por lo que su impacto local dependerá de cómo se concreten las ayudas en Galicia.
Información elaborada a partir de Faro de Vigo.