La Audiencia Nacional absuelve a Gonzalo Boye en el caso de Sito Miñanco

La Audiencia Nacional ha absuelto a Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental por los que fue juzgado en la denominada Operación Mito. El tribunal considera que no se ha probado su participación en la elaboración de unos contratos privados relacionados con casi 900.000 euros intervenidos en 2017 en el aeropuerto de Barajas.

La Fiscalía Antidroga solicitaba para Boye nueve años y nueve meses de prisión. Según la acusación, habría confeccionado contratos ficticios de compraventa de letras de cambio y préstamos para ocultar el origen ilícito del dinero e introducirlo de nuevo en el circuito legal.

La sentencia, de 325 páginas, señala que fue Manuel González Rubio quien realizó los contratos falsos y se los entregó a Boye para que los presentara ante un organismo público dentro del expediente sancionador abierto tras la incautación del dinero. La Sala considera que no ha quedado acreditado que Boye conociera que el contenido de esos documentos no era cierto.

El tribunal también cuestiona la declaración de Manuel Puentes Saavedra, en la que se sustentaba fundamentalmente la acusación contra el abogado. La resolución afirma que su testimonio no cuenta con suficiente corroboración objetiva y que existen otros elementos probatorios igualmente verosímiles sobre lo ocurrido.

La Audiencia Nacional ha condenado a José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, a 17 años de prisión por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal. La Fiscalía pedía para él 31 años y medio de cárcel y multas superiores a 420 millones de euros.

El fallo considera probado que Miñanco y otros acusados organizaron el transporte de 615 kilos de cocaína a Holanda y el traslado de 3.305,280 kilos desde Sudamérica hasta España a bordo del buque Thoran. La sentencia absuelve a otras 20 personas físicas y cuatro jurídicas, mientras que el resto de acusados recibe penas de entre tres y 17 años de cárcel. El caso tiene relevancia para Pontevedra por la condición de gallego de Prado Bugallo y por tratarse de una operación vinculada al narcotráfico en Galicia.

Información elaborada a partir de Faro de Vigo.