Sancionan con más de 317.000 euros al CEO de la minera de wolframio de A Gudiña por ocultar compraventas de acciones

La autoridad sueca de supervisión financiera, Finansinspektionen (FI), ha sancionado con 3,5 millones de coronas suecas, equivalentes a más de 317.000 euros al tipo de cambio actual, a Nazgero Consulting Services LTD, sociedad con sede en Birmingham que pertenece íntegramente a Roberto García Martínez, máximo ejecutivo de Eurobattery Minerals. La resolución, con número de expediente 25-19893, se hizo pública el 24 de septiembre y se debe a la ocultación de operaciones de compraventa de acciones de la propia empresa, que debían haberse comunicado en un plazo máximo de tres días.

Según consta en el expediente, la sociedad reconoce que se realizaron operaciones que no se comunicaron de la forma indicada por la FI, y atribuye el hecho a un descuido, asegurando que no obtuvo ningún beneficio. La autoridad supervisora no aceptó esas explicaciones, salvo en lo relativo a unas ventas de títulos formalizadas en enero de 2025. El informe advierte además de que no puede descartarse que la sociedad hubiera seguido vendiendo acciones a un precio superior al que habría obtenido de haberse comunicado a tiempo la operación al mercado.

La compañía minera, suspendida de cotización desde septiembre tanto en la Bolsa de Stuttgart como en el mercado sueco Nordic Growth Market, anunció este sábado que García Martínez ha ingresado en prisión provisional en Suecia, sin ofrecer más detalles y sin que se sepa si su detención guarda relación con movimientos financieros en Eurobattery.

El directivo ya había sido condenado en firme por fraude en septiembre. El Tribunal Supremo le impuso dos años de prisión, una multa y una indemnización solidaria de 3,46 millones de dólares por un caso relacionado con un proyecto minero en Sierra Leona en 2011. Según recoge el mismo medio original, una de las empresas utilizadas en aquella operación, Eureka Ridge, ya había sido denunciada por fraude en Oregón.

En cuanto al proyecto de A Gudiña (Ourense), los trabajos están paralizados por orden municipal por haber realizado remociones de tierras de manera ilegal y al margen del control urbanístico, según denunció la ONG Ecoloxistas en Acción a finales de septiembre. La empresa solo indicó que el procedimiento se derivó de una comunicación recibida por el ejecutivo municipal. La licencia de explotación fue ampliada hasta 2055 en noviembre del año pasado.

Aunque se trata de una noticia de ámbito provincial y no de un asunto de la ciudad, su interés para los pontevedreses radica en que afecta a un proyecto minero de la provincia vecina de Ourense y a la gestión de una empresa con actividad en Galicia.

Información elaborada a partir de Faro de Vigo.