La ley del amianto obligará a informar en ventas y alquileres en Sabadell

La nueva ley catalana de erradicación del amianto entra en vigor este sábado 3 de octubre y afectará a las operaciones de compraventa y alquiler de viviendas en Sabadell. La norma establece que, en determinados casos, deberá informarse mediante un certificado de la presencia de este material en los inmuebles.

Èric Baquer, de 28 años, compró un piso en el centro de Sabadell sin saber que el edificio tenía un depósito de agua de fibrocemento y otros elementos con amianto junto a su vivienda. Ahora reclama saber qué debe hacer y quién asumirá el coste de retirarlos. “¿Tengo que quitar yo el material o debo esperar?”, plantea.

La obligación de informar puede cambiar la relación entre compradores y vendedores. Xavier Asensio, gerente de una empresa especializada en desamiantado, afirma que habrá una demanda creciente de certificados. También Arturo Cortés, vecino de Badia del Vallès y conocedor del sector de la construcción, explica que jóvenes interesados en comprar una vivienda ya preguntan si los edificios contienen amianto.

La ley prohíbe que la ciudadanía y las empresas no especializadas manipulen estos materiales. La Generalitat señala que las placas sueltas o los trozos de tubería pueden llevarse a puntos verdes si no han sido manejados previamente y se transportan embalados en plástico retráctil e identificados como amianto. La mayoría de retiradas deberán ejecutarlas empresas inscritas en el registro de compañías especializadas.

Los propietarios también deberán comunicar a la Administración los lugares con amianto que conozcan, facilitar las inspecciones y adoptar las medidas necesarias para retirarlo. El régimen sancionador específico, con multas que pueden llegar a 100.000 euros en los casos más graves, no entrará en vigor el 3 de octubre, sino cuando se apruebe el reglamento que lo desarrolle.

La norma abre además dudas sobre quién debe pagar y cómo actuar cuando el amianto se detecta antes de una compra. En Badia del Vallès, el Ayuntamiento ha adjudicado una primera fase para retirarlo de 127 comunidades, financiada con una subvención de 4,4 millones de euros de la Generalitat. Las obras comenzarán previsiblemente el 13 de octubre.

Información elaborada a partir de El Periódico (Barcelona).