La acusación popular del caso Mercuri pide 12 años de cárcel para Paco Bustos por el contrato de limpieza

La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que ejerce la acusación popular en el caso Mercuri, ha pedido 12 años de prisión para Paco Bustos, hermano del exalcalde socialista Manuel Bustos, por su presunta implicación en las irregularidades de la adjudicación del contrato de limpieza de Sabadell a la empresa Smatsa en 2012. Para el exalcalde, la petición es de ocho años y medio de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. El escrito, presentado en la pieza 28 del caso, atribuye al exconcejal de Espacio Público delitos de sobornos y blanqueo de capitales, y reclama además una multa de 480.000 euros y 20 años y medio de inhabilitación.

Según la acusación, Paco Bustos habría tenido un papel activo en las maniobras que presuntamente favorecieron a Smatsa en la adjudicación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. La investigación apunta a un supuesto intercambio de favores entre responsables municipales y la concesionaria, con contraprestaciones como el pago de gastos de la campaña del PSC en las municipales de 2011, viajes de políticos y funcionarios, la contratación de personas vinculadas al entorno socialista y la financiación de actividades municipales.

En total, la acusación señala a nueve personas, para las que pide penas que suman 30 años de prisión. Entre ellas figuran antiguos responsables de Espacio Público, de los servicios jurídicos y de la gestión de residuos del Ayuntamiento, Cristian Sánchez, entonces secretario de Organización de la agrupación local del PSC, el gerente de Smatsa y el presidente del grupo Vendex, matriz de la compañía.

El abogado de la plataforma, Raül García Barroso, ha rechazado que la ausencia de petición de cárcel para el exalcalde rebaje su responsabilidad. Según ha explicado, la acusación considera que la intervención más relevante correspondió a su hermano. "No podemos acusar por acusar o perderíamos nuestra credibilidad", ha afirmado. Añade que el escrito mantiene una línea similar a la de la Fiscalía, que presentó sus conclusiones hace aproximadamente dos años. El Ayuntamiento de Sabadell, personado también como acusación particular, aún no ha fijado su posición.

El avance judicial llega en plena polémica por la prórroga de la concesión de Smatsa. El Ayuntamiento aprobó en julio prolongar el contrato de 2012, cuyo plazo inicial de quince años terminaba en 2027. Isidre Soler, portavoz de Sabadell Lliure de Corrupció, lo ha calificado de "grave irresponsabilidad política" y sostiene que debería haberse preparado una nueva licitación. García Barroso ha cuestionado las razones de la prórroga y recuerda que una sentencia contencioso-administrativa de 2024 consideró nulo el contrato, aunque la nulidad no llegó a aplicarse ante la proximidad de su vencimiento.

Información elaborada a partir de El Periódico (Barcelona).