Canarias ha pagado 275 de los 316 millones pactados por la moratoria turística

El Gobierno de Canarias ha abonado ya 275,1 millones de los 316 millones de euros acordados con promotores turísticos para indemnizarlos por los efectos de la moratoria turística. Así lo informó el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, en comisión parlamentaria, donde precisó que se han pagado 27 de los 36 acuerdos alcanzados.

Las compensaciones se remontan a la Ley canaria de Medidas Urgentes de 2009, que permitió a propietarios de determinados terrenos turísticos sin edificar pedir su reclasificación como suelo rústico y reclamar una indemnización por los derechos edificatorios afectados por la moratoria.

El importe de los acuerdos centró las críticas de Nueva Canarias. Su diputada Esther González cuestionó que el Ejecutivo haya pactado 316 millones, cantidad que, según señaló, duplica la valoración más alta de los informes técnicos elaborados en 2020 y 2021, y preguntó quién decidió apartarse de esas estimaciones. "Reconocer una obligación no significa dar por buena cualquier cantidad", afirmó. También cuestionó que el Gobierno presente como ahorro la diferencia respecto a los 652 millones reclamados inicialmente por los promotores, a los que habría que sumar otros 337 millones en intereses, y denunció que su grupo recibió 31 de los 36 acuerdos sin anexos.

Miranda se comprometió a remitir los expedientes completos a los grupos parlamentarios y defendió que las valoraciones fueron realizadas por funcionarios autonómicos con el aval de los servicios jurídicos. Explicó que se aplicó el interés legal del dinero al valor de los aprovechamientos urbanísticos entre el 13 de noviembre de 2009 y el 31 de enero de 2025, con el objetivo de compensar la "pérdida de oportunidad" de los propietarios.

De los 36 acuerdos, 32 cuentan ya con homologación judicial. El primer pago, realizado el 14 de agosto, ascendió a 261,2 millones para 25 acuerdos, y el segundo, el 26 de octubre, a 13,9 millones. De los nueve pendientes, cinco están homologados y cuatro esperan resolución judicial.

Según Miranda, prolongar los litigios habría supuesto un coste adicional de unos 800.000 euros mensuales, además de posibles indemnizaciones e intereses superiores si los tribunales daban la razón a los promotores. Advirtió de que dejar la decisión en manos de la Justicia habría sido "una espada de Damocles muy difícil de gestionar" para las arcas autonómicas.

Aunque la noticia es de ámbito autonómico, afecta a toda la provincia y, como capital, Santa Cruz de Tenerife también forma parte de este debate sobre el modelo turístico y el uso del suelo en las Islas.

Información elaborada a partir de El Día.