La Laguna activa el 'decreto Maricarmen' para frenar desahucios de familias vulnerables

El Ayuntamiento de La Laguna ha presentado a la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) el protocolo que aplica para intentar frenar los desahucios de personas y familias en situación de especial vulnerabilidad. Entre las medidas figura la remisión anticipada a los juzgados de los informes sociales que acreditan estas circunstancias, sin esperar a que los órganos judiciales los soliciten.

La iniciativa se apoya en el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, de medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible, conocido como 'decreto Maricarmen', convalidado este jueves por la Diputación Permanente del Congreso. Tras la entrada en vigor de la norma, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, pidió que se aplicaran "todas las medidas que nos permite la nueva legislación" para evitar lanzamientos de personas en situación de extrema vulnerabilidad en el municipio.

Desde entonces, el área de Bienestar Social y la empresa pública Muvisa siguen los casos de personas y familias que podrían enfrentarse a una orden de desahucio, con el objetivo de reunir la información social necesaria para valorar las medidas de protección previstas. Según el Consistorio, ya se ha recurrido a este mecanismo para detener un lanzamiento que estaba previsto para el pasado mes de octubre. La remisión anticipada de los informes permite agilizar los trámites y que los juzgados dispongan de los datos para valorar cada situación.

El protocolo fue presentado por la concejala de Bienestar Social, María Cruz, y la directora del área, Rosa Ana García Gaviño, a la presidenta de la PAH, Inma Évora, en una reunión de trabajo celebrada este jueves. En el encuentro también se analizaron los recursos disponibles ante emergencias habitacionales y se planteó una hoja de ruta para mejorar la coordinación entre instituciones y profesionales.

Entre las propuestas figura una mayor participación del Colegio de Abogados, el Colegio de Trabajadores Sociales y la Administración de Justicia, para estudiar las alternativas en cada caso. Además, el Ayuntamiento ha remitido un escrito al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) para trasladarle la situación de vulnerabilidad de algunas de las personas en seguimiento, con el fin de reforzar la coordinación con el Gobierno de Canarias, competente en materia de vivienda en el Archipiélago.

Aunque se trata de una noticia de ámbito provincial, interesa también a Santa Cruz de Tenerife como capital, ya que la vivienda y los desahucios son una preocupación compartida en el conjunto del Área Metropolitana.

Información elaborada a partir de El Día.