Las víctimas de Magrudis reclaman al Ayuntamiento un acuerdo de indemnización

Los abogados de varias víctimas del brote de listeriosis provocado por Magrudis han rechazado la posición del Ayuntamiento de Sevilla de participar en un acuerdo únicamente si existe una condena. Germán Grima y Manuel Parrilla sostienen que indemnizar a los afectados no implica reconocer la culpabilidad de la veterinaria municipal acusada ni exige una condena penal.

En un comunicado, los letrados ofrecen su “mano tendida” al Consistorio y advierten de que su postura no puede impedir que cientos de sevillanos reciban una compensación siete años después. Argumentan que la obligación de indemnizar puede derivarse de la responsabilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Los abogados recuerdan que el control sanitario de Magrudis correspondía al Ayuntamiento de Sevilla. Según el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla de 24 de marzo de 2023, la inspección y el control oficial de las empresas alimentarias del término municipal eran competencia exclusiva del Consistorio.

También señalan que la nueva inspección que debía realizarse en enero de 2019 no se llevó a cabo y que tampoco se realizó la supervisión municipal posterior. A su juicio, esas actuaciones habrían podido detectar la presencia de listeria en la fábrica meses antes del brote. La instrucción acreditó además que la inspección de la ciudad recaía en una plantilla de veterinarios muy insuficiente.

Los letrados defienden que la Administración puede cerrar un acuerdo en materia de responsabilidad patrimonial sin que exista una condena penal. El aplazamiento del juicio hasta el 3 de noviembre, aseguran, abre una oportunidad para que las víctimas sean indemnizadas por las consecuencias físicas y psíquicas sufridas.

En el caso de los niños Pablo y Javier, las indemnizaciones reclamadas por las lesiones certificadas por el Instituto de Medicina Legal superan conjuntamente los ocho millones de euros, intereses incluidos. Los abogados afirman que esa cantidad excede las coberturas de las aseguradoras presentes en la negociación y reclaman que el Ayuntamiento aporte la parte que le corresponda.

Asimismo, proponen crear un fondo público para afrontar futuras crisis alimentarias graves cuando los seguros de empresas y administraciones no cubran todos los daños. Consideran que este mecanismo garantizaría la reparación íntegra de las víctimas y permitiría reclamar después a los responsables.

Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.