Los afectados por la listeriosis reclaman al Ayuntamiento completar las indemnizaciones
El juicio por el brote de listeriosis de Magrudis se aplaza al 3 de noviembre mientras los afectados reclaman fondos al Ayuntamiento de Sevilla.
El inicio del macrojuicio por el brote de listeriosis de Magrudis, originado en Sevilla en 2019 por carne mechada contaminada, vuelve a aplazarse. La nueva fecha es el 3 de noviembre, después de que no se haya cerrado un acuerdo entre las partes sobre unas indemnizaciones que superan los diez millones de euros.
Los abogados de los afectados, Manuel Parrilla y Germán Grima, han reclamado este viernes al Ayuntamiento de Sevilla que participe en la negociación y aporte fondos para completar las compensaciones. La Corporación figura como responsable civil subsidiaria en la causa por la actuación de una veterinaria municipal.
El procedimiento reúne a 236 lesionados, las familias de cuatro personas fallecidas y siete mujeres cuyos embarazos terminaron en aborto tras consumir productos contaminados. Según los abogados, las pólizas de Magrudis tienen un límite de 300.000 euros y las aseguradoras municipales también cuentan con topes. Una de ellas consignó 1,2 millones de euros ante posibles responsabilidades civiles.
Manuel Parrilla ha reprochado que, siete años después del brote, el Ayuntamiento no haya realizado ningún movimiento para completar las indemnizaciones. Los letrados también han criticado que la Corporación se haya personado como acusación y reclame más de 100.000 euros a Magrudis, mientras los afectados esperan una respuesta para alcanzar un acuerdo.
Las partes intentan evitar un juicio previsto para 43 sesiones, que se prolongaría durante varios meses y cuya sentencia podría ser recurrida. El acuerdo incluiría las indemnizaciones y podría tener efectos como atenuante por reparación del daño, aunque los abogados han precisado que no evitaría necesariamente las penas de prisión para los responsables de Magrudis.
La Fiscalía solicita inicialmente penas de entre diez y once años y medio para los cuatro miembros de la familia responsable de la empresa, un año y medio para el arquitecto Sergio L.G. y no acusa a la veterinaria municipal. Los afectados sí ejercen acusación contra esta funcionaria.
Información elaborada a partir de ABC Sevilla.