Los decretos de vivienda obligan a prorrogar dos años algunos alquileres en Sevilla

Los dos decretos-ley aprobados por el Gobierno han abierto un nuevo escenario para propietarios e inquilinos, aunque su aplicación varía según el territorio. En Sevilla y Andalucía, algunas medidas tienen efecto directo y otras dependen de decisiones autonómicas o municipales.

Joaquín Caraballo, profesional inmobiliario sevillano con más de 12 años de experiencia y más de 900 operaciones, sostiene que una de las principales consecuencias en la comunidad autónoma es la posibilidad de que un arrendatario prorrogue su contrato durante dos años más. Según explica, el propietario puede verse obligado a renovar el alquiler aunque no quisiera hacerlo, manteniendo el mismo precio y aplicando únicamente las subidas interanuales.

El experto considera que muchas otras disposiciones de los decretos son de difícil aplicación o no están vigentes en Andalucía por falta de los requisitos, procedimientos o decisiones territoriales necesarios. Caraballo compara esta situación con la de Cataluña, donde, según señala, existe una legislación distinta y algunas personas sí pueden verse más afectadas.

En su valoración general, Caraballo afirma que la prohibición de compra de determinadas viviendas procedentes de bancos y fondos ha paralizado durante dos meses la actividad de empresas que adquieren esos inmuebles para reformarlos o venderlos. Entre ellas cita a los servicers, como Servihabitat o Aliseda, que actúan como intermediarios en la venta de activos.

El profesional inmobiliario también expresa su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno central plantee contratos de alquiler indefinidos. A su juicio, el temor se centra más en esa predisposición que en las consecuencias actuales de los decretos, que considera limitadas por ahora.

Información elaborada a partir de ABC Sevilla.