Accidente ferroviario en Toledo: qué indemnizaciones pueden cobrar las familias de las víctimas y el papel de un abogado

Las familias de las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, entre Los Yébenes y Urda, podrán acceder a varias indemnizaciones económicas que, en muchos casos, son compatibles entre sí. El choque se produjo entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo. El Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV), incluido en el billete, contempla 72.121,46 euros por cada pasajero fallecido, una cantidad que no excluye otras reclamaciones a las compañías ferroviarias ni el cobro de seguros de vida o de accidentes.

Así lo explica el abogado tarraconense Àlex Mestre, presidente del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Tarragona y del Consell de Col·legis de Catalunya, que ha analizado las coberturas a las que pueden acogerse los afectados. Mestre advierte de que las familias deberán afrontar en las próximas semanas numerosos trámites con las aseguradoras, en un momento especialmente difícil por la pérdida de sus seres queridos. Subraya que las distintas vías de indemnización pueden acumularse, aunque existen anticipos y compensaciones que deben descontarse al calcular las cantidades definitivas.

El SOV, regulado por el Real Decreto 1575/1989, no exige demostrar negligencia ni determinar la responsabilidad del accidente. Cubre también los fallecimientos que se produzcan en los 18 meses posteriores al siniestro si son consecuencia directa de las lesiones. Según Mestre, se trata de una cobertura garantizada que no supone una valoración definitiva del perjuicio, por lo que no impide iniciar otras reclamaciones.

A esto se suma un anticipo previsto por el Reglamento europeo 2021/782: la empresa ferroviaria debe adelantar un mínimo de 21.000 euros por pasajero fallecido en un plazo máximo de quince días desde la identificación del beneficiario. Este pago no implica reconocimiento de responsabilidad y se descontará de la indemnización definitiva por responsabilidad civil. Esta última podrá dirigirse contra Renfe o Iryo y también contra Adif si la investigación apunta a la infraestructura. Como referencia orientativa se usa el baremo de accidentes de tráfico de la Ley 35/2015, aunque los tribunales pueden fijar cuantías superiores.

Mestre recuerda también que las víctimas podían tener pólizas privadas que sus familiares desconocen, como seguros de vida y accidentes, garantías vinculadas a hipotecas o préstamos y coberturas asociadas a tarjetas bancarias usadas para pagar el billete. Si la persona viajaba por motivos profesionales, podría estudiarse además un posible accidente laboral. Para localizar esos contratos, los familiares pueden consultar el Registro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, del Ministerio de Justicia, una vez transcurridos quince días desde la defunción.

El abogado recomienda conservar el billete o localizador y el certificado de defunción, y contar con asesoramiento profesional para revisar cada caso de forma individualizada y evitar que los afectados dejen de cobrar lo que les corresponde.

Información elaborada a partir de Diari de Tarragona.