El Constitucional limita la protección autonómica de núcleos costeros valencianos

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso del presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley de Costas Valenciana. La sentencia anula el artículo 17 y la disposición final primera cuando se apliquen a bienes del dominio público marítimo-terrestre, y declara inconstitucional y nula la disposición adicional cuarta.

El artículo 17 permitía a la Generalitat declarar núcleos urbanos del litoral con valor etnológico y cultural para protegerlos de procesos de ampliación del dominio público marítimo-terrestre. La medida se había aplicado a las casitas de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, cuyos derribos quedaron paralizados mientras se pronunciaban los tribunales.

El Constitucional no cuestiona que puedan existir núcleos etnológicos ni que la Comunitat Valenciana proteja sus valores culturales, históricos y etnológicos. Sin embargo, considera que esa protección no puede limitar las competencias del Estado sobre los terrenos del dominio público marítimo-terrestre, incluida la posibilidad de garantizar su integridad, recuperar esos espacios y decidir sobre sus deslindes.

La disposición adicional cuarta establecía un catálogo de terrenos degradados que hubieran perdido sus características naturales de dominio público marítimo-terrestre. El tribunal considera que la Generalitat no solo habría recopilado información, sino que habría asumido competencias estatales para identificar y calificar esos terrenos y decidir sobre su eventual desafectación.

Fuentes de la Generalitat han asegurado que analizarán la sentencia y que mantienen su voluntad de proteger a los ciudadanos valencianos que viven en la costa. También han defendido que la resolución no impide proteger los núcleos etnológicos mediante legislación estatal. La diputada autonómica del PSPV María José Salvador ha pedido la dimisión del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus.

La decisión afecta a la política costera de la Comunitat Valenciana, incluida la provincia de Valencia, aunque el caso citado en la sentencia se refiere a Guardamar del Segura, en la provincia de Alicante. Los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño han anunciado votos particulares.

Información elaborada a partir de Las Provincias.