El Gobierno encarga a la CNMC vigilar cada seis meses que los centros de datos cumplan las nuevas exigencias

El Gobierno ha reelaborado el real decreto que regulará la actividad de los centros de datos para flexibilizar algunas exigencias ambientales y de seguridad digital. La nueva versión, remitida al Consejo de Estado, incorpora un sistema de vigilancia que otorga a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) la capacidad de controlar que estas instalaciones cumplen las obligaciones previstas.

Según el texto, en el plazo de seis meses tras la entrada en vigor del decreto, y después de forma semestral, la CNMC publicará un informe de seguimiento del cumplimiento de los requisitos. Para ello, podrá solicitar a las grandes eléctricas con redes de distribución y a Red Eléctrica de España toda la información que considere necesaria.

La versión actualizada modera algunas de las exigencias más polémicas del primer borrador. Se mantiene la obligación de que los centros de datos garanticen que el 80% de la electricidad que consumen en todas y cada una de las horas sea de origen renovable, pero se concede a las instalaciones una prórroga de cinco años para cumplirla. A cambio, deberán cumplir otros requisitos más laxos de forma transitoria y estar dispuestas a ser desconectadas de la red eléctrica si fuera necesario para evitar desajustes en el sistema.

El decreto también fija nuevas exigencias de soberanía digital para los datos que manejan estas instalaciones, consideradas de categoría de seguridad alta. Los operadores de los nuevos centros solo podrán ser empresas establecidas en la UE, los datos tratados deberán permanecer en territorio comunitario y se deberán controlar de forma efectiva los accesos desde terceros países.

Además, cada dos años la CNMC, Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica elaborarán una evaluación conjunta de la aplicación y eficacia de los requisitos, en la que participará el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en lo relativo a seguridad y soberanía digital. Según los resultados, el Ejecutivo podrá proponer revisiones motivadas.

La nueva versión ha sido rechazada con contundencia por las grandes compañías tecnológicas, que siguen denunciando que las obligaciones, especialmente las vinculadas al consumo mayoritario y forzoso de electricidad renovable, son de imposible cumplimiento y advierten de que buscan vías legales para tumbarla. El Gobierno pretende aprobar la regulación antes de las elecciones del 29-N. Como noticia de ámbito estatal, su repercusión para Valencia se limita al marco normativo general que afectará a estas instalaciones en toda España.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.