El Gobierno pide al Consejo de Estado un informe urgente sobre el decreto de centros de datos

El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado una nueva versión del real decreto que regula los nuevos centros de datos y ha pedido que el dictamen esté listo antes del jueves 5 de noviembre, apenas una semana y media después de recibir el texto. El Ejecutivo pretende aprobar la norma antes de las elecciones del 29 de noviembre o, si no es posible, tras los comicios en funciones, siempre que la Abogacía del Estado dé su visto bueno.

El borrador suaviza algunas exigencias ambientales y de seguridad digital tras las críticas del sector tecnológico y el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que pedía moderar ciertas obligaciones. Entre los cambios, se da a los centros de datos un plazo de cinco años para que el 80% de su electricidad sea renovable, a cambio de que Red Eléctrica pueda ordenar su desconexión si es necesario para proteger el sistema eléctrico. Además, los requisitos verdes solo se aplicarán a las instalaciones de más de 10 megavatios, frente al umbral de 1 megavatio de la primera versión.

La tramitación por vía de urgencia reduce al mínimo los plazos para los informes preceptivos, de modo que patronales, empresas y administraciones deben presentar sus alegaciones con muy pocos días para estudiar el contenido. La norma es liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige la vicepresidenta Sara Aagesen, con la participación de los ministerios de Transformación Digital y de Economía.

Pese a los cambios, el sector no ha quedado conforme. Los grandes operadores han expresado un "rechazo absoluto y masivo" al nuevo texto y anticipan la paralización de inversiones multimillonarias en España. La patronal SpainDC, que agrupa a compañías como Amazon, Google o Microsoft, prepara una batalla legal en varias fases: denunciar defectos ante el Consejo de Estado, pedir a la CNMC que vuelva a estudiar el texto y reclamar que la Comisión Europea lo examine, lo que podría retrasar su aprobación al menos tres meses.

Si el decreto se aprueba, el sector anticipa además recursos judiciales con posibles medidas cautelares y reclamaciones de indemnizaciones por las inversiones ya ejecutadas. Desde Valencia, la noticia es de ámbito estatal, aunque afecta a un sector que busca implantarse en distintos territorios del país.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.