El síndic de Greuges caduca su mandato y se suma al bloqueo de las instituciones valencianas
El mandato del síndic de Greuges, Ángel Luna, caduca tras el bloqueo PP-PSPV, que afecta también al Consell Jurídic, la Sindicatura y el CVC.
El síndic de Greuges, Ángel Luna, verá finalizar su mandato de siete años unos días después de las elecciones generales, aunque seguirá en el cargo hasta que las Corts Valencianes alcancen el acuerdo de tres quintas partes necesario para renovar la institución. Fue elegido el 28 de noviembre de 2019 y tomó posesión el 3 de diciembre de ese año.
El defensor del pueblo valenciano es una de las seis instituciones estatutarias que forman la Generalitat, junto con la Sindicatura de Comptes, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura y el Consell Econòmic i Social. Según el texto, todas se ven afectadas por la falta de acuerdo entre PP y PSPV, que se arrastra desde antes de la dana y de la llegada de Carlos Mazón a la presidencia de la Generalitat en julio de 2023.
El artículo recuerda que el PSPV no tiene representación en la Mesa de las Corts tras la salida de Gabriela Bravo, algo que no ocurre en ningún otro parlamento de España. Además, el Consell Jurídic Consultiu acumula desde hace cuatro años miembros con el mandato caducado, entre ellos su presidenta, Margarita Soler, y otros tres elegidos por las Corts. En la Sindicatura de Comptes, Vicent Cucarella y Antonio Mira-Perceval también llevan cuatro años con el mandato vencido, y la mitad de los vocales del Consell Valencià de Cultura están caducados desde noviembre de 2024.
Según el texto, este bloqueo ha tenido un efecto colateral: varias de estas instituciones se han convertido en voces críticas con el Consell. El Consell Valencià de Cultura calificó la ley de Concordia de manipulación y ofensa a las víctimas del franquismo, y Ángel Luna ha denunciado una «deriva institucional peligrosa» en las Corts, además de irritar a Vox al cuestionar la legalidad de la «prioridad nacional». El Consell Jurídic, por su parte, puso una cincuentena de reparos al proyecto de ley del Suelo.
La Acadèmia Valenciana de la Llengua es la excepción, ya que su ley establece que son sus propios miembros quienes eligen a los nuevos integrantes y a la presidencia, por lo que pudo renovarse antes del pasado verano. Aun así, el bloqueo le ha supuesto recortes presupuestarios. El futuro de estas instituciones después de mayo de 2027 dependerá en buena medida del grado de dependencia que el PP tenga de Vox.
Información elaborada a partir de Levante-EMV.