La Acampada por la vivienda de Valencia presenta doce medidas y pide una mesa de diálogo

La Acampada por la vivienda instalada desde hace 35 días en la plaza del Ayuntamiento de Valencia ha hecho público un manifiesto con sus exigencias, a tres días de la Huelga General prevista para el miércoles 11 de noviembre. El documento se hará llegar formalmente a la alcaldesa, María José Catalá; a la consellera de Vivienda, Susana Camarero; y al delegado del Gobierno, Roger Llanes, tras varios días de reuniones con el Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno y comerciantes del centro.

La primera petición es que Valencia sea declarada zona tensionada, lo que permitiría aplicar las medidas previstas en la ley estatal de regulación del alquiler. Los acampados piden a la alcaldesa que eleve esa solicitud a la Generalitat o que esta actúe de oficio. Además, reclaman la constitución de una mesa de diálogo entre representantes de la acampada y de las tres administraciones, así como la apertura de conversaciones con el resto de entidades del movimiento por la vivienda, y exigen «compromisos reales, tangibles y con plazos de ejecución verificables».

Entre las doce medidas incluidas en el manifiesto figuran la transparencia sobre el número de viviendas vacías, públicas y turísticas, y un paquete fiscal para desincentivar la especulación inmobiliaria, con un gravamen a la tercera vivienda deshabitada, mayor presión sobre grandes tenedores y socimis y más impuestos sobre los beneficios de la reventa de inmuebles. También proponen una categoría intermedia de tenedores de entre 4 y 10 viviendas en zonas tensionadas.

En materia de alquiler, piden regular el precio tomando como referencia el salario mínimo y recuperar el alquiler indefinido, según el modelo de los contratos de renta antigua. En el ámbito turístico, plantean una tasa limitada a 30 días al año en zonas no tensionadas y a 15 en las tensionadas, además de paralizar la concesión de nuevas licencias. Sobre vivienda pública, reclaman ampliar y blindar el parque público, mantener de forma permanente la calificación de VPO y restablecer el derecho de tanteo y retracto de la Generalitat.

El manifiesto incluye también restringir la compra de lotes de vivienda por parte de grandes inversores y fondos, paralizar los desahucios hasta garantizar una alternativa habitacional y recuperar las viviendas que, según los acampados, están en manos de grandes propietarios y empresas inmobiliarias. Por último, incorpora medidas para personas sin hogar y una petición para que se tengan en cuenta las propuestas del comercio local, afectado también por los precios del alquiler. Según la información publicada, este lunes está prevista una reunión entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno para abordar la situación.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.