La Audiencia de Valencia rechaza reabrir la investigación del incendio de Campanar

La Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado reabrir la investigación judicial del incendio de un edificio residencial de Campanar, ocurrido el 22 de febrero de 2024 y en el que murieron diez personas. La Sección Cuarta confirma así la decisión del juez instructor, que había denegado la petición de las familias de algunas víctimas y de la Comunidad de Propietarios.

El tribunal considera que el informe pericial presentado por los recurrentes, elaborado por una especialista en seguridad contra incendios, no es una prueba nueva que justifique reabrir el caso. Según la Audiencia, se trata de una interpretación técnica distinta de documentos y materiales que ya formaban parte de la investigación.

En un auto fechado el 5 de noviembre, uno de los tres que el tribunal ha dictado desde septiembre para desestimar otros tantos recursos de apelación, los magistrados sostienen que el dictamen es "insuficiente por sí solo para dejar sin efecto la firmeza derivada del sobreseimiento provisional acordado". Añaden que el informe no incorpora hechos nuevos ni documentación desconocida, sino que propone revisar cuestiones ya examinadas durante la instrucción.

La Audiencia recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo distingue entre la aparición de nuevas pruebas y una nueva valoración de las existentes, y que solo la primera puede justificar la reapertura de una causa archivada. En otro auto, fechado el 6 de octubre, la Sala advierte de que admitir una revisión basada solo en nuevas interpretaciones convertiría el sobreseimiento provisional en una resolución "permanentemente revisable", contraria a la seguridad jurídica.

El tribunal también respalda la labor del juez instructor, a quien atribuye una investigación "particularmente extensa y exhaustiva". Durante la instrucción se analizaron las causas del incendio, los materiales empleados en el edificio, la normativa urbanística y de protección contra incendios, y la intervención de los agentes implicados en la construcción y autorización del inmueble. Concluye que no existían indicios racionales de responsabilidad penal y que las diligencias practicadas bastaban para resolver.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.