La filtración de los audios de Urda abre un debate jurídico similar al de los audios de la dana

Los audios de las conversaciones entre el centro de control de Adif en Atocha y los dos maquinistas del accidente ferroviario de Urda, que dejó 69 víctimas mortales, se filtraron a la prensa la misma noche del siniestro. Las grabaciones, recortadas, mostraban un error de los operarios del centro de mando y respaldaban la versión que el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, había ofrecido horas antes. Tras una denuncia de UGT y del Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), la filtración ha llegado a los tribunales, con la posibilidad de un delito, sobre todo porque ese mismo día la jueza había decretado el secreto de las actuaciones.

El caso guarda similitudes con el de la dana, según recoge Levante-EMV, donde un ex alto cargo del Consell está investigado por presunta revelación de secretos. En aquel episodio, poco más de tres meses después de la catástrofe, se publicó una grabación manipulada y recortada de una llamada entre técnicas del 112 de la Generalitat y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que se utilizó para cuestionar el papel de la agencia. La propia Aemet llevó el asunto a la Fiscalía, que denunció la filtración por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En el caso valenciano, la investigación apunta a que la grabación salió de la administración autonómica. Según la información publicada, el ex subsecretario de la Conselleria de Justicia, Ricardo García García, habría acudido al centro de coordinación de emergencias a reclamar el audio y se lo habría llevado en un pendrive. Está citado a declarar como investigado el 25 de noviembre, y una de las cuestiones por aclarar es si actuó siguiendo órdenes de algún superior.

Los juristas consultados señalan que, a diferencia del caso de la dana, en Urda no se aplica la ley valenciana de Protección Civil, que regula las comunicaciones de los técnicos de Emergencias. Aun así, la filtración puede tener recorrido judicial por la vía del derecho procesal, lo que obligaría a reconstruir quién extrajo los audios, quién tuvo acceso a ellos y cómo llegaron a periodistas de medios cercanos al Gobierno. El ministro, en su comparecencia vespertina, admitió que ya había escuchado grabaciones de la moviola.

José Luis González, doctor en Derecho por la Universitat de València (UV), explica que, como regla general, las actuaciones en fase de investigación son reservadas. Si la causa está declarada secreta, el artículo 466 del Código Penal castiga la revelación de actuaciones procesales secretas, aunque, según el propio especialista, es probable que las grabaciones aún no estuvieran incorporadas a la causa. También cabe el artículo 417, que sanciona a funcionarios que divulguen información reservada conocida por razón de su cargo. Las penas van desde multas e inhabilitación hasta cinco años de prisión, según las circunstancias y el responsable.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.