Vox exige activar el canal educativo sobre neutralidad ideológica en la Comunitat

Vox reclama al Consell que ponga en marcha el canal autonómico de denuncias y reclamaciones educativas previsto tras la reforma de la Inspección Educativa aprobada con los votos del PP y Vox en les Corts. La petición llega durante el Debate de Política General, dos meses después de la aprobación del cambio y pese a que el Gobierno central estudia recurrirlo ante el Tribunal Constitucional.

La formación exige reforzar los medios de la Inspección, establecer protocolos ante denuncias sobre neutralidad ideológica, materiales no autorizados, actividades políticas o partidistas y posibles vulneraciones de los derechos de los padres. También pide que las denuncias recibidas por los centros se trasladen a los inspectores, que las familias reciban una respuesta motivada y que se publique cada año un informe de actuaciones sin revelar datos personales.

La reforma incorporada a la ley de Acompañamiento modifica el Decreto 80/2017 y encarga a la Inspección supervisar que las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares estén alejados de cualquier tipo de adoctrinamiento. Sindicatos y partidos de izquierda han calificado este nuevo papel como el de una «policía educativa».

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, anunció la semana pasada la intención del Ejecutivo central de abrir una comisión bilateral con la Generalitat para analizar los aspectos que podrían entrar en conflicto con las leyes orgánicas estatales. Bernabé consideró que los cambios son «tan ambiguos que dan mucha inseguridad a los docentes» y cuestionó si pueden afectar a la libertad de cátedra.

Las doce propuestas de resolución de Vox también reclaman aplicar medidas ya incluidas en la ley de Acompañamiento y en los presupuestos de 2026, especialmente en inmigración. Entre ellas figuran evitar menús de carácter religioso en los comedores escolares, activar la Oficina Valenciana de Retorno y Arraigo, publicar estadísticas de delitos por nacionalidad y aplicar la llamada prioridad nacional en vivienda y ayudas sociales.

El partido pide además que la Generalitat evite utilizar sus puertos para colaborar con asociaciones, fundaciones u ONG que, según Vox, favorezcan la inmigración ilegal. La medida podría afectar a barcos de ayuda humanitaria que tienen una base de amarre en puertos como el de Borriana. El debate se desarrolla en el ámbito de la Comunitat Valenciana, con repercusión para las políticas educativas y sociales que también se aplican en Valencia.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.