Vox propone flexibilizar las declaraciones responsables urbanísticas pese al dictamen del Consell Jurídic

Vox ha presentado enmiendas a la ley del suelo valenciana, a las que ha tenido acceso Levante-EMV, que plantean una especie de «barra libre» en las declaraciones responsables urbanísticas, en contra de lo que recomendaba el Consell Jurídic Consultiu (CJC). La declaración responsable es una figura pensada para agilizar la tramitación de obras, usos del suelo y otras actuaciones que no están sujetas a licencia, como reformas, primeras ocupaciones, demoliciones, cierres de parcela, instalación de energías renovables o puntos de recarga de vehículos eléctricos.

El proyecto de ley obliga a los ayuntamientos a ejercer en un plazo de seis meses el control posterior ordinario de estas declaraciones. Si transcurre ese plazo sin que el consistorio notifique una resolución, la fase de control concluye y, según el texto remitido a las Corts, no podrá reabrirse ni declararse la pérdida de eficacia de la declaración por deficiencias o irregularidades. Esta previsión mereció del CJC una «observación esencial», porque no determina con suficiente claridad la naturaleza jurídica de esa verificación definitiva ni el procedimiento aplicable.

El órgano consultivo recordó además una sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2026, según la cual la comunicación previa y la declaración responsable no inician un procedimiento administrativo pendiente de resolución, por lo que no opera el silencio administrativo. Pese a ello, el CJC advertía de que, si se pretende atribuir efectos favorables a la falta de respuesta municipal, debe regularse con claridad el procedimiento, sus efectos y el alcance de la conformidad.

Según el reportaje, las enmiendas presentadas por los diputados de Vox David Muñoz Pérez, Ana María Bellver Alcántara y Jose Muñoz Salvador añaden un punto 3 al artículo 255 que impide restablecer la legalidad urbanística por deficiencias o irregularidades una vez transcurridos los seis meses. Un cuarto punto matiza esa limitación en supuestos como las inexactitudes o falsedades esenciales, las actuaciones distintas de las declaradas o los incumplimientos durante la ejecución, así como en los casos de potestad de restauración imprescriptible.

Para la ciudad de Valencia, la cuestión afecta al día a día del control urbanístico municipal: cuanto menos margen tenga el Ayuntamiento para revisar declaraciones presentadas, mayor será la responsabilidad de los servicios técnicos en plazo y de los propios ciudadanos que tramiten obras por esta vía. El texto, en todo caso, sigue en fase de enmiendas parlamentarias.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.