La Fiscalía rebaja la petición de penas al clan de Medina del Campo juzgado en la Audiencia de Valladolid

La causa contra un clan familiar de Medina del Campo acusado de trata de seres humanos, pertenencia a grupo criminal, imposición de condiciones laborales ilegales y blanqueo de capitales ha quedado vista para sentencia tras cuatro sesiones de juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid. La Fiscalía ha reducido de forma sustancial las penas pedidas para Vasile y Liliana Ungureanu, que inicialmente se enfrentaban a 36 y 7 años de cárcel, respectivamente, y la petición global para el matrimonio ha pasado de 45 años a nueve.

El Ministerio Público ha retirado los cargos por trata de seres humanos y por pertenencia a grupo criminal porque ninguno de los denunciantes compareció a declarar durante las vistas. Según el fiscal, sin el testimonio de las presuntas víctimas no es posible sostener la acusación por trata con fines laborales. Con la retirada de la acusación por pertenencia al grupo, quedan fuera del procedimiento los otros dos acusados, hermanos de Vasile, para los que se pedía un año de prisión.

Se mantienen la imposición de condiciones laborales ilegales y el blanqueo de capitales. Para Vasile se solicitan cinco años de prisión, dos por el delito contra los derechos de los trabajadores y tres por el blanqueo, además de una multa de 2.400 euros y otra de 300.000 euros. Para Liliana, el fiscal pide un año de cárcel por el delito laboral, una multa de 1.440 euros y la misma pena que su marido por blanqueo, al considerar que ejercía las funciones de él en su ausencia, extremo que ella niega.

Vasile Ungureanu reconoció haber empleado a personas sin permiso de trabajo, aunque, según su versión, solo durante uno o dos días y para ayudarlas, no para lucrarse. Negó que las viviendas que alquilaba carecieran de condiciones adecuadas y explicó que la «mercancía» mencionada en unas llamadas interceptadas por la Policía se refería a guantes, botas y gafas de trabajo que compraba en Rumanía. También negó haber usado a terceros como testaferros, aunque el fiscal recuerda que la Policía halló en su domicilio sellos a nombre de dos investigados y 20.100 euros en efectivo, cuyo origen ha cambiado en el juicio.

Para el Ministerio Público, los acusados se aprovecharon de la vulnerabilidad de trabajadores sin permiso de residencia o sin alta en la Seguridad Social, y Vasile utilizaba a terceras personas como titulares de empresas que en realidad controlaba. La sentencia será la que determine si se confirman estas acusaciones en un caso que se ha juzgado en la capital vallisoletana y que afecta al ámbito agrícola de Medina del Campo.

Información elaborada a partir de El Norte de Castilla.