Valladolid defiende su ZBE ante el nuevo decreto del Gobierno mientras prepara una nueva ordenanza

El Consejo de Ministros aprobó el martes la modificación del Real Decreto 1052/2022, que regula las zonas de bajas emisiones (ZBE), con el objetivo de garantizar su implantación y funcionamiento efectivos y asegurar que cumplen su finalidad de mejorar la calidad del aire y contribuir a la mitigación del cambio climático. La norma busca frenar las moratorias excesivamente largas en el régimen sancionador, las zonas sin restricciones según el potencial contaminante de los vehículos y los ámbitos insuficientes que coinciden con espacios que ya tenían limitaciones al tráfico.

El concejal de Movilidad de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, sostiene que el Ayuntamiento cumple sin problemas estas exigencias. Según explicó, la zona está delimitada, se monitoriza de forma permanente y se multa a los vehículos sin distintivo ambiental que no tengan autorización de acceso.

No obstante, la ordenanza municipal vigente fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en marzo, aunque la sentencia no entró en el fondo de la norma sino en los trámites de su aprobación. PP y Vox preparan una nueva ordenanza, más laxa, que podría chocar con el decreto estatal. Gutiérrez Alberca indicó que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación contra esa resolución, lo que considera un buen síntoma: «Indica que puede haber argumentos a favor de que estaba bien hecha». Añadió que el mismo tribunal desestimó un recurso de Ecologistas en Acción y validó la potestad del Ayuntamiento para aplicar los principios de proporcionalidad, menor restricción del tráfico y gradualidad económica.

El concejal señaló que la admisión del recurso da margen al Gobierno municipal para elaborar la nueva norma, ya que el Supremo suele tardar un año de media en resolver. Advirtió, además, que si tras las elecciones generales del 29 de noviembre gobierna un Ejecutivo formado por PP y Vox, el escenario podría cambiar radicalmente, pues ambas formaciones han mostrado objeciones a las ZBE. Por ahora, el Plan de Movilidad y el Plan de Calidad del Aire, documentos previos a la futura ordenanza, están en exposición pública, y las alegaciones que se presenten serán estudiadas y contestadas.

La modificación estatal obliga a las entidades locales a acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos de sus ZBE, comunicar la entrada en vigor de las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento, y aplicar el régimen sancionador de la normativa de tráfico sin sistemas transitorios que demoren su efectividad. La reforma también pretende dar mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos y podrá servir de referencia para la financiación de la transformación sostenible del transporte urbano.

Información elaborada a partir de El Norte de Castilla.