Valladolid estudia poner cámaras en el Campo Grande ante los actos vandálicos
Valladolid estudia instalar cámaras en el Campo Grande ante los actos vandálicos y delitos registrados en el parque.
El Ayuntamiento de Valladolid estudia instalar cámaras de videovigilancia en el Campo Grande para reforzar la seguridad ante los delitos y actos vandálicos registrados en este parque. La propuesta se abordó esta semana en una reunión con el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, la edil Silvia Tomillo, responsables de la Policía Local y técnicos municipales.
La medida todavía se encuentra en una fase inicial y no hay ninguna decisión tomada. Si finalmente se impulsa, necesitaría informes favorables y la autorización de la Delegación del Gobierno y de la Comisión de Garantías de Videovigilancia. El Consistorio ha subrayado que «es algo muy previo» y que las cámaras podrían no instalarse.
La Policía Local presentó un informe sobre sus intervenciones de los últimos meses. Entre los incidentes citados figuran la rotura a pedradas de una luna de una pajarera, denuncias por robos con navaja, al menos dos intervenciones por presuntas agresiones sexuales y actuaciones relacionadas con la venta y el consumo de drogas. La presencia de agentes uniformados y de paisano se ha incrementado en el parque.
El Campo Grande ocupa casi doce hectáreas y combina zonas abiertas con numerosos recovecos, lo que dificulta la vigilancia completa. El Ayuntamiento también recuerda episodios anteriores, como el robo de cisnes en 2023 y 2024 o los daños causados en 2017 al barco pirata, cuya reparación en dos ocasiones costó 65.000 euros.
Valladolid ya cuenta con cámaras en siete de los diez túneles bajo las vías, las plazas de las Ciudades Hermanas y del Milenio, el puente de Santa Teresa y varios ascensores públicos. Desde el pasado verano, once dispositivos vigilan siete de los ocho accesos al polígono de San Cristóbal. Según el texto, estas instalaciones han reducido o evitado nuevos destrozos.
La instalación en el Campo Grande exigiría justificar su necesidad y proporcionalidad, delimitar las zonas cubiertas y colocar carteles informativos. La autorización tendría una duración máxima de un año y debería renovarse si persistieran los problemas de seguridad. El Ayuntamiento también ha analizado como posible referencia un estudio elaborado para el parque madrileño del Retiro.
Información elaborada a partir de El Norte de Castilla.