Casi 2.000 familias de Vitoria acudieron a Políticas Sociales en 2025 por problemas para acceder a una vivienda

Casi 2.000 familias de Vitoria-Gasteiz recurrieron en 2025 al departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento por dificultades para acceder a una vivienda. Según los datos facilitados por el concejal responsable del área, Lucho Royero, suponen el 12% (alrededor de 1.822) de los 15.184 hogares atendidos por este servicio municipal, que ofrece ayudas a personas vulnerables por distintos motivos.

Los datos se dieron a conocer tras la comparecencia en el Consistorio de la Asociación de Familias de la Ikastola Abendaño y del instituto Miguel de Unamuno, que pedía explicaciones por los desahucios de una familia en el Casco Viejo y de otra, con seis menores a su cargo, en el barrio de Sansomendi en octubre. Las portavoces de las AMPA de ambos centros, que comparten espacio educativo con esas familias, calificaron de «inadecuada» la respuesta y afirmaron que la situación es «realmente insostenible» y supone «un ataque directo a los derechos de la infancia». Criticaron además que la lista de apartamentos disponible no está actualizada.

Royero, que no quiso valorar casos concretos por razones jurídicas y éticas, explicó que los Servicios Sociales no disponen de viviendas, sino de recursos limitados como Aterpe, el CMAS, viviendas tuteladas y alojamiento para personas mayores, y que su función es escuchar, orientar y acompañar. Señaló que la prioridad es actuar antes de la pérdida de la vivienda, ya que en el momento del desahucio las posibilidades se reducen drásticamente.

El concejal indicó que en 2025 se ofreció alojamiento hotelero a 118 personas por situaciones sobrevenidas de pérdida de vivienda, lo que supuso una factura municipal de alrededor de 1,3 millones de euros. Pidió un impulso en materia de vivienda a los departamentos competentes, al considerar que las demandas diarias superan los recursos disponibles de su área.

La oposición consideró insuficientes las explicaciones. Elkarrekin Podemos y EH Bildu criticaron el escaso parque municipal de vivienda, mientras que el PP centró su intervención en el problema de la vivienda en la ciudad, que, según su criterio, convierte en vulnerables a familias que trabajan.

Por otro lado, ha comenzado el servicio de asesoría jurídica gratuita en arrendamientos ofrecido por el Colegio de la Abogacía Alavesa, en virtud de un convenio con el Ayuntamiento derivado del acuerdo presupuestario entre el Gobierno local PSE-PNV y EH Bildu. El servicio, que busca prevenir la pérdida de vivienda, prevé prorrogarse en 2027 e incluye información a inquilinos y arrendadores, mediación en conflictos y orientación a profesionales de los servicios sociales municipales. La atención se realiza en la sede del Colegio, en el Paseo Fray Francisco de Vitoria, 4, previa cita en el teléfono 945231050.

Información elaborada a partir de El Correo (Álava).