El adelanto electoral deja en suspenso varias leyes sociales del Estado

El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, anunciado por Pedro Sánchez, impedirá culminar numerosas iniciativas sociales del Ejecutivo estatal. La disolución de las Cortes hará decaer las normas que siguen en tramitación parlamentaria y dejará sin completar otras que aún no habían pasado por el Consejo de Ministros.

Entre las iniciativas afectadas se encuentran la Ley de Violencia Vicaria, la Ley de Familias y el proyecto para proteger a los menores en los entornos digitales. También quedarán pendientes las reformas sobre asilo y extranjería, así como la modificación del artículo 43 de la Constitución para blindar el derecho al aborto.

La Ley de Violencia Vicaria había superado el 30 de septiembre su primer examen en el Congreso. El texto planteaba considerar esta violencia como agravante de género, retirar automáticamente la patria potestad a los padres condenados por maltrato y prohibir durante hasta 20 años que los condenados hablasen sobre el crimen. También quedan paralizadas las iniciativas contra la trata y las prácticas de conversión LGTBI.

En el ámbito social, decaerá la Ley de Familias y la falta de Presupuestos Generales del Estado impedirá impulsar la prestación universal por crianza. Asimismo, no podrá aprobarse la Ley de Servicios Sociales, cuyo texto ni siquiera había regresado al Consejo de Ministros.

El proyecto de protección de menores en entornos digitales se encontraba en fase de ponencia en el Congreso y buscaba, entre otros objetivos, restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. También quedan pendientes la reforma de la LOPIVI, una ley de familias acogedoras y la Ley de Juventud, en la que se planteaba incluir el derecho al voto desde los 16 años.

La nueva Ley de Asilo y la reforma de la Ley de Extranjería tampoco serán aprobadas en esta legislatura. En cambio, seguirá vigente el decreto-ley que estableció el reparto obligatorio de menores no acompañados en situaciones de contingencia migratoria, ya convalidado por el Congreso. La situación afecta al conjunto del Estado y, por tanto, a la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz como capital de Álava.

Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.