El Gobierno rechaza ampliar la suspensión del voto a los hijos de nacionalizados por la 'ley de nietos'

El Gobierno español se ha opuesto a la petición de Vox e Iustitia Europa para que el Tribunal Supremo amplíe la suspensión del voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. Según la Abogacía del Estado, esa medida provocaría "inseguridad" tanto para los afectados como para el escrutinio. Según su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía del Estado "muestra su oposición al dictado de las medidas cautelares instadas" por "no resultar conformes y ajustadas a derecho".

La Abogacía actúa en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y pide a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que, "con carácter previo" a resolver este incidente cautelar, proceda al "emplazamiento de los terceros afectados". Dentro del plazo abierto para que el Supremo se pronuncie, sostiene que existiría una "afectación notoria" e "indubitada" sobre "el derecho fundamental al sufragio activo" de las personas que podrían verse afectadas. Añade que la suspensión reclamada "incidiría también de modo notorio y directo en el desarrollo del proceso electoral en curso", que se vería perjudicado por la "inseguridad e indeterminación" que comportaría.

El escrito advierte de que todo el desarrollo de los trámites electorales quedaría condicionado por la medida y que podría afectar al escrutinio final, ya que podrían existir sufragios emitidos pendientes de computar. También considera que la petición es "en sí misma indeterminada y de imposible cumplimiento", porque "la relación nominal que se interesa no existe" y exigiría encadenar a quienes hubieran obtenido la nacionalidad sin certificación consular.

Según los servicios jurídicos del Estado, el número de personas que podrían verse afectadas asciende a 189.678, a partir de las inscripciones practicadas en los consulados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, que permite nacionalizar, a través de la 'ley de nietos', a quienes tengan antepasados que sufrieron exilio y lo soliciten. La Abogacía señala que "no se identifican los medios materiales y humanos" necesarios y subraya el "extraordinario esfuerzo" ya realizado por los consulados para cumplir pronunciamientos cautelares anteriores. Considera que extender la medida a nuevos colectivos, en apenas unas semanas y en pleno proceso electoral, es "materialmente incompatible" con los recursos disponibles.

La noticia es de ámbito estatal, pero interesa a Vitoria-Gasteiz como capital de Álava por tratarse de la convocatoria de elecciones generales y de un debate sobre el derecho de voto que afecta a un colectivo amplio de personas con vínculos con España.

Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.