El nuevo decreto de centros de datos no convence ni a ecologistas ni a empresas

El Gobierno español ha remitido al Consejo de Estado un nuevo real decreto para regular los centros de datos, pero el texto no satisface ni a las organizaciones ecologistas, que mantienen sus movilizaciones, ni a los promotores, que consideran insuficientes los cambios introducidos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez confía en aprobar la norma antes de las elecciones generales del 29-N y la define como "ambiciosa", con un "impulso adicional" a la energía solar fotovoltaica y a las tecnologías de almacenamiento.

Ecologistas en Acción y Greenpeace sostienen que el nuevo borrador rebaja la ambición del anterior, que ya consideraban "insuficiente". "Durante el trámite de audiencia pública (que concluyó en septiembre) pedimos mayor ambición, no menor", explicaron a la agencia Efe fuentes de Ecologistas en Acción. Desde Greenpeace, María Prado, responsable de 'Big Tech', advirtió de que "España no puede ser jauja para el beneficio económico de unas pocas empresas" y reclamó que los proyectos no pasen por encima del derecho al agua, a la electricidad renovable y a un medio ambiente sano.

Ecologistas en Acción ha pedido audiencia al Consejo de Estado y ha convocado marchas para los días 6 y 7 de noviembre en Madrid, Zaragoza, Huesca y Granada, dentro de una iniciativa europea.

El último texto fija que los centros de datos con una potencia superior a 10 megavatios cubran al menos el 80 % de su consumo con renovables, mediante instalaciones propias o contratos a largo plazo, frente al umbral de un megavatio de la primera versión. Además, amplía de 18 a 36 meses la antigüedad máxima de las instalaciones renovables vinculadas a esos contratos, sin aplicar ese límite a los parques solares. Un informe de las organizaciones independientes EnergyTag y PyPSA Labs propone en cambio un promedio anual de suministro renovable que empiece en el 80 % y llegue al 90 % al final del periodo transitorio, mientras que el Gobierno exige un mínimo del 80 % en cada hora.

Por su parte, la Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC) considera que el texto mantiene exigencias inviables. Su presidente, Emilio Díaz, calificó de "especialmente grave" que los proyectos del periodo transitorio deban aceptar la posibilidad de interrupción del suministro: "se nos ofrece aceptar el riesgo de un apagón". La asociación llevará sus objeciones al Consejo de Estado y pedirá un nuevo pronunciamiento de la CNMC.

Aunque se trata de una noticia de ámbito estatal, afecta a la discusión sobre el futuro energético y la gestión del agua que también preocupa en Vitoria-Gasteiz como capital de Álava.

Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.