El Supremo confirma que García Ortiz pagará 39.009 euros de costas al abogado de González Amador

El Tribunal Supremo ha rechazado la impugnación presentada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que consideraban excesivos los honorarios de 38.508 euros del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El fallo se produce en la causa en la que el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz fue condenado por revelación de datos reservados. Mediante un decreto de la letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal, se fija la minuta del letrado Gabriel Rodríguez-Ramos en 38.508 euros y se aprueba definitivamente la tasación de costas en 39.009 euros, incluidos los derechos de la procuradora.

La letrada sostiene que, a la vista del trabajo profesional efectivamente desarrollado, de la singular complejidad de la causa y del informe emitido por el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, «no resulta acreditada la existencia de una desproporción patente, manifiesta o notoria» que permita calificar los honorarios como excesivos. Según ese informe colegial, la cantidad reclamada resulta «ajustada» atendiendo a la complejidad del procedimiento, el tiempo de dedicación y el trabajo desarrollado.

El proceso de tasación de costas arranca tras la condena que el Tribunal Supremo impuso a García Ortiz en diciembre de 2025: 7.200 euros de multa, dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general y el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Además, el tribunal fijó una indemnización de 10.000 euros al empresario por daños morales.

El letrado de González Amador presentó inicialmente una minuta de 64.778,78 euros sin IVA, que con el impuesto ascendía a 78.382,32 euros. El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado impugnaron esa tasación por considerar «excesivos» e «indebidos» algunos honorarios y derechos. En un decreto de 26 de marzo, la letrada estimó parcialmente la impugnación por partidas indebidas y fijó el total de costas en 39.009,48 euros.

Posteriormente, la Fiscalía y la Abogacía del Estado recurrieron esa decisión, pero el Supremo desestimó ambos recursos mediante un auto del pasado 2 de julio, que confirmó el decreto. El Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares consideró que los 38.508,26 euros de honorarios, IVA incluido, son «adecuados» una vez excluidas las partidas indebidas.

Aunque se trata de un asunto de ámbito estatal que se sigue en Madrid, interesa a los lectores de Vitoria-Gasteiz como noticia de actualidad judicial y política nacional.

Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.