El Supremo deniega medidas urgentes a Ceuta para devolver a migrantes sin oír antes al Gobierno

El Tribunal Supremo ha rechazado las medidas cautelarísimas que pedía Ceuta en un recurso contra el Gobierno central, al que acusaba de «inactividad» y reclamaba que ordenara la expulsión o devolución de migrantes llegados a la ciudad autónoma durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Según el auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que no cabe acordar ninguna de esas medidas sin escuchar antes a la parte contraria, en este caso el Gobierno español.

El tribunal argumenta que la solicitud no acredita la especial urgencia necesaria para adoptar medidas sin audiencia previa. Entre lo pedido, Ceuta quería que el Supremo exigiera al Ejecutivo estatal que, en diez días, presentara un plan operativo para tramitar los procedimientos de expulsión, devolución y protección internacional de los migrantes adultos que permanecen en la ciudad, así como que ejecutara efectivamente las resoluciones de expulsión, incluido el traslado de los afectados hasta el puesto fronterizo de salida, sin perjuicio de las suspensiones que pudieran acordar los órganos judiciales.

Los magistrados señalan que la supuesta inactividad de la Administración central se prolonga durante más de dos meses y medio sin que se haya solicitado la tutela cautelar, por lo que no aprecian urgencia especial. Aun así, acuerdan tramitar el incidente cautelar para resolver con conocimiento de todos los extremos, en particular de las actuaciones de la Administración General del Estado. Para ello conceden diez días a la Abogacía del Estado para presentar alegaciones y 20 días al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para remitir el expediente administrativo.

El Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas, interpuso el recurso tras no obtener respuesta del Gobierno central a un requerimiento previo presentado en septiembre. Según su portavoz, Alejandro Ramírez, el objetivo es que se tramiten los expedientes de los migrantes adultos que llegaron durante la entrada masiva y siguen en la ciudad.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que se han formalizado 1.697 expedientes de protección internacional, de los que 853 están resueltos, con 704 resoluciones desfavorables, mayoritariamente en fase de notificación o recurso. Según sus datos, más de 500 personas han desistido de su solicitud y regresado a Marruecos, y en total han vuelto a ese país 13.823 personas, 13.215 de forma voluntaria y 608 expulsadas.

En cuanto a los menores, Saiz cifró en 3.560 los atendidos en el sistema de protección autonómico, con 125 reagrupados en la Península por motivos familiares, 181 reubicados en otras comunidades y 87 expedientes remitidos a Marruecos. La ministra añadió que hay 5.237 efectivos desplegados en la ciudad y 7.477 plazas para migrantes en recursos temporales del Estado. La asistencia escolar se mantiene en torno al 90 % y, en sanidad, hay 100 de las 211 camas hospitalarias disponibles ocupadas, 16 de ellas por migrantes.

Aunque se trata de un asunto que se desarrolla en Ceuta, su trascendencia en el debate estatal sobre migración y el reparto de competencias entre administraciones es amplia. Para los vecinos de Vitoria-Gasteiz, es una información de contexto sobre la gestión de la llegada de migrantes a España y sobre cómo los tribunales y el Gobierno central abordan estos expedientes.

Información elaborada a partir de Diario de Noticias de Álava.